A 10 años de la masacre en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, la lucha de la abogada de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, quien fue una de las figuras más destacada en la búsqueda de justicia por las cerca de 200 personas asesinadas, dio un vuelco cuando se vio a sí misma como parte de un grupo de “sospechosos” fuertemente vigilados por el gobierno mexicano, según una reciente investigación del diario estadounidense The Washington Post.
Pero Delgadillo no es la única. Junto a ella se encuentra Marcela Turati, periodista que ha trabajado en temas relacionados con víctimas de la violencia de la guerra contra el narcotráfico, y Mercedes Doretti, antropóloga forense de nacionalidad argentina.
Fue tras una larga lucha legal de la abogada que las autoridades accedieron a transparentar su investigación sobre la masacre de 2011, atribuida al cártel de Los Zetas. Este documento, de más de 200 páginas, fue analizado por reporteros especializados de The Washington Post, que encontraron que cada movimiento de las mujeres estuvo bajo la lupa de las autoridades al menos desde 2011 a través de la intervención de sus llamadas telefónicas y mensajes de texto.
El medio estadounidense informó que esta investigación contra defensoras de derechos y periodistas operó bajo un estatuto especial puesto en vigor en 2008, que faculta a los fiscales para monitorear las comunicaciones de los sospechosos, encarcelarlos sin cargos y limitar su acceso a abogados, aunque en los últimos años, esta ley ha sido usada para poner bajo observación a políticos acusados de corrupción, ejecutivos de empresas y hasta científicos, todos bajo motivos cuestionables.
