La competencia de regular, integrar y analizar las bases de datos del Sistema Nacional de Información se ha convertido en la manzana de la discordia entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que dirige Alfonso Durazo Montaño, y las procuradurías y fiscalías del país encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR) con Alejandro Gertz Manero como titular.
En un tercer día de réplicas públicas entre ambas instituciones respecto a quién debe ser la instancia encargada de mantener el sistema estadístico nacional en cuanto a la información de incidencia delictiva y procuración de justicia, resulta evidente que entre el Centro Nacional de información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia no ha habido un punto de encuentro sobre el tema.
Fue el pasado viernes 6 de diciembre, en el marco de la XLII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República (FGR), y sus 32 homólogos en los estados del país, incluyendo la Fiscalía General de Justicia Militar, aprobaron por unanimidad la creación del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAP), con el respaldo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para su implementación gradual a partir del 1 de enero del 2020.
Con dicho acuerdo, tal y como ejecentral publicó al día siguiente de dicha asamblea, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia daba por depuesta la labor que por 22 años ha realizado el SESNSP a través del Centro Nacional de Información, en cuanto el registro, análisis y manejo de toda la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se nutre de la información que las 32 fiscalías y procuradurías del país reportan mensualmente a la institución.
En respuesta, ayer 8 de diciembre, David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información del SESNSP, dependiente de la Secretaría que encabeza Durazo Montaño, fijó un posicionamiento respecto a los acuerdos alcanzados en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en la que los 32 procuradores y fiscales del país de la mano del INEGI y la FGR concertaron poner en marcha, “por su propia cuenta, un sistema paralelo para el registro de incidencia delictiva, a partir de 2020”.
A través de un comunicado, el titular del CNI señaló que si bien daba la bienvenida a la iniciativa y reiteraba que la propia institución a su cargo ha buscado trabajar en conjunto con
el INEGI desde el inicio de año, tanto por la Constitución como por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública el “regular, integrar y analizar las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información corresponde exclusivamente al Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)”.
En ese sentido, el posicionamiento de Pérez Esparza sostiene que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia carece de atribuciones para crear, modificar, o desaparecer funciones, ya sea del Secretariado, como del propio CNI. Y en su caso, dicha atribución sólo le correspondería al Congreso de la Unión mediante una reforma de fondo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Este lunes, mediante un comunicado difundido por el área de comunicación social de la FGR, el vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Rubén Vasconcelos Méndez respondió el posicionamiento del titular del CNI que las fiscalías y procuradurías del país, reunidas en la Conferencia Nacional, “tienen facultades para emitir acuerdos que homologuen, estandaricen y mejoren sus procesos de registro, con el fin de mejorar los estándares de calidad de la información”.
En ese sentido, aseveró que la Conferencia, en su carácter de órgano público, colegiado y entre cuyas facultades se incluye el formular políticas generales de procuración de justicia, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia, apuntó por escrito que, “se ha considerado inaplazable establecer un sistema estadístico nacional en materia de procuración de justicia, bajo las más altas reglas de calidad”, y en ese sentido, reiteró la aprobación por unanimidad de la creación del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia.
En cuanto a lo referido por David Pérez sobre las modificaciones de fondo en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Vasconcelos Méndez, quien se desempeña como fiscal general de Oaxaca destacó que en aras de que dicha ley reconozca la autonomía que la propia Constitución y las Constituciones locales otorgan a las procuradurías y fiscalías del país, “es necesario que la Ley General del Sistema Nacional se adecúe a esta nueva realidad constitucional, con objeto de respetar dicha autonomía de nuestras instituciones, que siempre se han coordinado con todas las instancias necesarias, y así lo seguirán haciendo”. RB
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