La información sobre aprovechamiento escolar, matrícula, abandono del aula, habilidades docentes, certificación de alumnos y estado de la infraestructura física educativa, entre otros rubros, dejó de ser considerada de “interés nacional”, lo que alarmó a organizaciones sociales, que ven detrás la intención de ocultar la falta de resultados de la política educativa en la actual administración.
El pasado lunes, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el que se determina que los datos provenientes del Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged) dejarán de ser catalogados como de “interés nacional”, con lo que se pondría fin a la emisión de indicadores que permiten evaluar la efectividad de las decisiones de gobierno en materia educativa.
El Siged es una gran base de datos alojada en la página de internet de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que concentra información sobre alumnos (inscripciones en las 32 entidades, evaluaciones, censos, atención en zonas marginadas, educación para los adultos y para población indígena), docentes (nómina federal, nóminas estatales y capacitación docente), documentos (emisión de certificados en los niveles básico, medio superior y superior) y escuelas (censo de centros de trabajo y diagnósticos sobre la infraestructura física de los planteles).
La decisión de la SEP y del Inegi de bajar de categoría la información sobre el sistema educativo nacional —y su uso para el diseño de políticas públicas— ocurre cuando el país busca remontar problemas que dejó la pandemia de Covid-19, como la pérdida de aprendizajes en el nivel básico y el abandono masivo de escuelas, principalmente en el medio superior.
El decreto también se emite cuando el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que en 2020 hubo alarmantes regresiones en el Índice de Rezago Social, especialmente en los renglones de salud y educación.
Por ejemplo, el porcentaje de población de seis a 14 años que no asiste a la escuela aumentó en 2020, por primera vez en dos décadas, con mayor énfasis en la Ciudad de México, estado de México, Nuevo León, Baja California y Quintana Roo. Entre 2018 y 2020, según el Coneval, también se elevó el porcentaje de población con educación básica trunca.
“Gobierno indolente”
Al respecto, Marco Fernández, coordinador del Programa Anticorrupción y Educación de la organización México Evalúa, dijo que la decisión de bajar de categoría a la información del Siged “es propia de un gobierno indolente que busca ocultar evidencias sobre la falta de resultados de su política educativa”.
“No quieren que sepamos de qué tamaño es la pérdida de aprendizajes y el abandono escolar; no quieren que sepamos cómo se manejan los recursos humanos y el presupuesto”, añadió el también profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, para quien es claro que “la educación no es prioridad en este país”.
Para Antonio Villalpando, investigador de la organización Mexicanos Primero, la determinación de la SEP e Inegi de degradar la información educativa tiene un claro mensaje político por parte del gobierno federal: “Va a ocultar información incómoda, no va a dar elementos para quienes hacen críticas fundamentadas a su política educativa y reitera que la agenda la lleva el gobierno”.
El académico expuso que si las autoridades educativas tuvieran interés legítimo en depurar las fuentes de información sobre el sistema educativo, lo ideal hubiera sido actualizar el censo de alumnos, maestros y escuelas o reactivas las evaluaciones de aprovechamiento, pero lo contradictorio es que “se le baja de categoría justo cuando necesitamos más información para la toma de decisiones”.
Carlos Ornelas, experto en educación y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo a ejecentral que uno de los principales riesgos de la decisión de quitarle el carácter de “interés nacional” a la información educativa es que en el corto plazo la base de datos del Siged deje de ser pública y entonces la sociedad civil quede a ciegas sobre la calidad del sistema de enseñanza.
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