Debido a su avanzada edad y el deterioro de su salud, un juez federal concedió al exprocurador general Jesús Murillo Karam el beneficio de continuar bajo la medida de prisión preventiva domiciliaria el proceso penal que enfrenta por delitos vinculados al caso Ayotzinapa. Sin embargo, la acusación vigente que tiene sobre otro proceso ligado al mismo caso le impide salir de prisión.
Ayer, en una audiencia desde el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez de control José Rivas González descartó que hubiera el “riesgo de fuga” que argumentó la Fiscalía General de la República (FGR) para mantener al exfuncionario de 75 años en prisión preventiva.
Y considerando que al menos desde hace cuatro meses el extitular de la entonces PGR se mantiene internado en la torre médica de Tepepan por su delicado estado de salud, el juzgador resolvió modificar las medidas cautelares al uso de un brazalete electrónico y la prohibición de acercarse a algún aeropuerto del país.
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Si bien el beneficio que le otorgó el juez corresponde al proceso que Murillo Karam enfrenta por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014; el otro proceso que le impide ser trasladado a su domicilio en Lomas de Chapultepec en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde el 9 de agosto del año pasado fue detenido, también está ligado a la misma investigación.
Se trata de la acusación por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos presuntamente en contra de Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, integrante del grupo criminal de Guerreros Unidos y señalado como uno de los autores materiales de la desaparición de los estudiantes.
En septiembre pasado un juez federal aplazó para enero del próximo año la audiencia del exprocurador, quien padece enfermedades crónicas, hipertensión y afecciones cardiacas. De ser declarado culpable, la FGR ha solicitado al juez imponerle una pena de 82 años de prisión y el pago de más de 1.7 millones de pesos como multa.
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