Rechaza SCJN atraer acusación de Gertz vs. Fundación Jenkins
CIUDAD DE MÉXICO. 28NOVIEMBRE2019.- El magistrado Sergio Javier Molina Martínez fue electo por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como consejero de la Judicatura Federal. Ocupará el cargo de Consejero del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el periodo 2019-2024. Hoy se eligió al magistrado durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM
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La Primera Sala de la Suprema Corte rechazó atraer el caso que tiene la FGR en contra de integrantes de la familia Jenkins
La revisión de la acusación formulada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de integrantes de la familia Jenkins, por el presunto desvío de 14 mil millones de pesos de la Fundación Jenkins, fue rechazada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La familia Jenkins y sus defensores habían solicitado a la Corte que revisara el caso que mantiene contra la familia Jenkins, el cual ya había sido cerrado en 2018.
Fue el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quien presentó el asunto ante la Primera Sala de la Suprema Corte, en donde fue rechazado por una mayoría de tres votos.
El caso se remonta a 2016, cuando Guillermo Jenkins de Landa presentó una denuncia en contra de su madre, sus cuatro hermanos y un sobrino, aludiendo un supuesto desvío de la Fundación. Sin embargo, en 2018 la extinta Procuraduría General de la República (PGR) determinó no proceder en contra de la familia Jenkins, al considerar que no había delito que perseguir.
Pero fue en 2020, ya bajo la administración de Alejandro Gertz Manero en la FGR, que se determinó reabrir la indagatoria y, a través de la Subprocuraduría en Investigación de Delitos Federales, a cargo del fiscal Juan Ramos López, cercano al Fiscal General, se reabrieron las carpetas de investigación y se solicitaron las órdenes de aprehensión en contra de los también dueños de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Sin embargo, ante el hecho de que Gertz Manero, quien se desempeñó como rector de la UDLAP en la Ciudad de México de 2007 a 2018, había iniciado un litigio —entonces con Juan Ramos como el apoderado legal de la universidad— en contra de la institución y de la familia Jenkins por el uso de la marca y el nombre comercial de la UDLAP, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda advirtió sobre un posible conflicto de interés por parte de ambos funcionarios con la reapertura de la investigación.
Con la resolución de hoy de la Corte, los recursos promovidos por los Jenkins deberán ser resueltos por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal.
