Pocas prácticas y costumbres son más emblemáticas de la “era neoliberal” que el cabildeo. Pese a la austeridad, un puñado de dependencias mexicanas gastan millones de dólares en despachos de abogados, consultores, cabilderos y publirrelacionistas en Nueva York, Washington y Austin.
De acuerdo con Open Secrets, ONG que sigue la ruta del dinero, entre 2019 y 2022 gastaron 15 millones 373 mil 820 dólares, a lo que hay que sumar 3 millones más asignados en este año. Un contrato que data del derroche salinista, no sólo sobrevivió los recortes, sino que se cotizó más alto.
Se trata de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que renovó su contrato por cuatro años (2020-2023) con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 12 millones de dólares. La firma conocida como white shoe firm por elitista, contratada por primera vez por José Ángel Gurría, presta servicios sobre operaciones financieras como emisión de bonos y actualización de información ante las agencias reguladoras estadounidenses, según documentos en el registro de la Ley de Agentes Extranjeros del Departamento de Justicia. Sus servicios pudieran justificarse. Sin embargo, hay despachos menos encumbrados, “fifís”, diría AMLO, que ofrecen las mismas prestaciones por menor costo que el ranqueado entre los cinco más exclusivos de Estados Unidos.
Por su parte, en 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores extendió su convenio de servicios legales con el bufete texano Shadowen PLLC para efectos de la demanda civil contra fabricantes de armas que interpuso en Boston, en 2021. El litigio fue desestimado por un juez en 2022, pero la SRE apeló. Los honorarios de abogados fluctúan entre 150 a 500 dólares por hora.
La SRE también firmó un convenio de asesoría jurídica y de difusión mediática con Global Action on Gun Violence (GAGV), empresa creada por Jonathan Lowy, quien renunció a la Campaña Brady contra la Violencia Armada para ayudar a la SRE con sus demandas a través de GAGV. SRE pagó 250 mil dólares por 12 meses (vence a fines de 2023), más reembolso de gastos. Fue firmado en diciembre por Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la SRE.
Si bien la demanda contra la industria armamentista, tema favorito de Marcelo Ebrard, fue considerada audaz, su resultado ha sido un revés y un sui géneris premio para Ebrard. “Es dinero tirado a lo absurdo. Cualquiera que conoce el sistema judicial estadounidense, sabe que iba al fracaso. La Segunda Enmienda (acceso a las armas), es el himno de Estados Unidos”, me dijo Gustavo González Báez, consultor en materia de inteligencia. “No se valoró en términos jurídicos, sino se manejó políticamente para decir, ‘somos los únicos que nos hemos osado a demandar’. Sirvió en especial a Ebrard”.
Entre los registros destaca un arreglo de outsourcing con una acerera regiomontana. En noviembre de 2021, Deacero S.A. de C.V. se registró como lobista de la Embajada de México para asesorar al Embajador Esteban Moctezuma contra los aranceles impuestos por Trump al acero mexicano. Deacero reportó haber alcanzado un presunto “acuerdo oral” pro bono de duración indeterminada con Moctezuma. El mismo mes, la acerera abrió las oficinas que Moctezuma inauguró, como se reportó en medios.
Sin embargo, Deacero USA me dijo no tener registro de oficinas en Washington, lo que su portal confirma. A su vez, Deacero subcontrató a Glassman Enterprises para que también se registrara como lobista de Moctezuma. Deacero pagó a Glassman 180 mil dólares por un año de servicios, más 17 mil por el registro. En reuniones con ejecutivos de Glassman el 7 y 13 de diciembre de 2021, Moctezuma declinó usar el borrador de un documento que le entregaron.
La embajada negó la relación. “No hay empresas lobistas que asesoren al Embajador Moctezuma”, me dijo Sergio Aguirre, portavoz de la representación.
Hacienda, Relaciones Exteriores, Turismo, Economía, Pemex y la Embajada son las dependencias con despachos en Estados Unidos contratados directamente o a través de terceros. Aunque los montos no se comparan con los de sexenios anteriores, cuando México estaba entre los 10 top que más gastaban en el mundo, contradicen los 100 compromisos de AMLO, donde hay dos referentes a evitar gastos innecesarios en el extranjero y no autorizar la contratación de despachos para realizar trabajo que pueden hacer los servidores públicos.
