Tras el arresto de Genaro García Luna en 2019, Richard Donoghue, fiscal del Distrito Este en Brooklyn, dijo que la detención del exsecretario de seguridad de Felipe Calderón era muestra de la firme determinación del gobierno estadounidense de llevar ante la justicia a los mexicanos colaboradores de los carteles, “independientemente del cargo que ocupaban cuando cometieron los crímenes” (Boletín 10/12/2019).
Donoghue ordenó a su equipo armar casos contra todos los funcionarios mexicanos sospechosos que encontraran. Se elaboró una lista secreta de 35 que se redujo a 20 peces gordos: gobernadores, exsecretarios y excomandantes policiacos. La inteligencia provino principalmente de la DEA.
En el listado estarían el exgobernador de Nayarit Roberto Gustavo Sandoval y el juez Isidro Avelar Gutiérrez, ambos sancionados por el Departamento del Tesoro por cohecho, sobornos y nexos con los carteles JNG y Los Cuinis, bajo las leyes Magnitsky y Kingpin.
De gran interés para las autoridades son los gobernadores pasados y presentes de los estados fronterizos o dominados por los carteles.
Pero el plan no salió como se había esperado. “Ya no estoy en el gobierno, pero muchas fuentes me dicen que el personal de la DEA y México no está llevando a cabo investigaciones conjuntas ni están compartiendo inteligencia e información con sus homólogos mexicanos. Es una ficción la idea de que hay colaboración”, me dijo John Feeley, diplomático en retiro que fue #2 en la Embajada en México.
La desaseada detención de Salvador Cienfuegos en 2020, señaló otro analista, “liquidó cualquier cooperación significativa con agencias de seguridad y restringió la participación estadounidense en labores de inteligencia”.
Además de enviar un mensaje de impunidad a los militares, la amenaza del gobierno mexicano de cortar relaciones con la DEA si no regresaban a Cienfuegos, aseguró que García Luna fuera el último mexicano en ser juzgado en Brooklyn. La lista de blancos fue congelada.
La catástrofe del fentanilo, que está matando a miles de estadounidenses, y que Washington atribuye en gran parte a la laxitud de México con los carteles y a la corrupción, vuelve a dar fuerza al listado de narcocorruptos.
Y es que Andrés Manuel López Obrador no sólo niega que México produzca fentanilo o que los cárteles controlen territorio, sino que su gobierno no ha enjuiciado a un solo funcionario de alto rango por narcocorrupción, como señala Transparencia Internacional en su índice en el que México es uno de los peores en el continente en combatir la corrupción.
Feeley no sabe si hay un listado de 20 objetivos mexicanos, aunque, me dijo, “No me sorprendería que el Departamento de Justicia tuviera en curso varias investigaciones en diferentes etapas de desarrollo”, pero, subrayó, “no sería con la valiosa ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera o con la inexistente ayuda de la Guardia Nacional o porque el procurador Gertz esté entregando carpetas de información sobre narcos a los gringos”.
Donoghue, el exfiscal que prometió mano dura, no respondió mi correo preguntando por la lista. La misma suerte corrí con Michael Robotti, exfiscal en los juicios de El Chapo y García Luna, y en la acusación contra Cienfuegos. Ya no están en el gobierno. Trabajan en despachos de abogados privados.
Hacer listas negras no es nuevo. Ernesto Zedillo fue presentado por el embajador Jim Jones con nombres de funcionarios que
Washington no quería ver en su gabinete.
Casi ninguno quedó. John Gavin se negó a dar a Miguel de la Madrid su lista de funcionarios presuntamente sobornados por el narco, dos en el gabinete.
La administración Biden prefiere seguir usando las herramientas convencionales de sanciones y enjuiciamientos, pero a medida que la falta de cooperación de un gobierno con una narrativa cada vez más hostil caliente el ambiente electoral, Washington puede verse obligado a tomar medidas extraordinarias, como declarar a los carteles mexicanos grupos terroristas, lo que elevaría la posibilidad de algún tipo de acción militar como piden los republicanos.
