Cerca de 200 diplomáticos de carrera están varados en la Ciudad de México debido al presunto desvío de millones de dólares del presupuesto anual de la Secretaría de Relaciones Exteriores asignados para su traslado. Niños sin poder ingresar a tiempo al ciclo escolar en los nuevos destinos de sus padres; egresados del Instituto Matías Romero que buscan segundo trabajo para completar el gasto familiar mientras esperan; diplomáticos que alquilan bodegas para guardar menajes y pagan caras rentas mes a mes.
En febrero, el área administrativa de la SRE informó que sí había suficiencia presupuestal para echar a andar el programa de rotación de miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) correspondiente a este año, conocido como PROSEM2023. En función de eso, se procedió a identificar a los funcionarios que podrían rotar, lo que culminó con la publicación de una lista de 125, de los cuales 116 tienen designaciones en el extranjero a las que debieron llegar en el verano —como está estipulado y como ocurrió en las últimas décadas.
Sin embargo, a la fecha hay un total aproximado de 185 diplomáticos —116 del PROSEM2023, más 49 egresados del Matías Romero y 20 traslados laterales— que no han recibido notificaciones de traslado. La SRE recientemente informó a embajadas y consulados que las notificaciones llegarían hasta octubre. Eso es, si la SRE logra reponer el dinero que se cree fue transferido ilegítimamente para otros fines en la última etapa de la gestión de Marcelo Ebrard. Pregunté al excanciller su opinión sobre el supuesto desvío, pero no me respondió.
Extraoficialmente se estima en 3.7 millones de dólares el costo total de los 185 traslados, con base en un cálculo de 20 mil dólares promedio por cada uno, que incluye menaje, pasajes aéreos para toda la familia y costos de instalación.
En circular interna del 15 de septiembre a la que tuve acceso, los encargados de las direcciones de personal y de recursos humanos informaron a los afectados que están negociando con la Secretaría de Hacienda una “ampliación” de fondos para cubrir traslados. De no ser exitosa la negociación, no podrían hacerse hasta el próximo año con el nuevo presupuesto. Hugo Corzo, el nuevo vocero de la Cancillería, no me respondió cuando le pregunté cómo va la negociación.
Nunca antes se había dado un trastorno autoinfligido de esta magnitud. El debilitamiento y menoscabo del SEM, el más antiguo servicio civil profesional de carrera del Estado, es un ejemplo más del desprecio de López Obrador por instituciones construidas para perdurar. Su reconocimiento inicial a la labor del SEM pronto degeneró en ataques de presunta deslealtad contra algunos de sus miembros. No le gustaron las críticas de que favorece los nombramientos de aliados políticos en embajadas y consulados sobre los miembros del SEM. Llegó a sugerir su extinción.
Si bien siempre se han usado los cargos diplomáticos como moneda de cambio en un corrupto sistema de cuotas de poder, nunca antes se había nombrado a tanta bazofia.
Un acusado de estupro para cónsul en Las Vegas, otro denunciado de hostigamiento sexual en Tucson y un tercero delatado por “comportamiento beligerante” en San Bernardino. Mientras, el gobierno panameño rechazó el nombramiento de un historiador allegado a la pareja presidencial también por denuncias de acoso sexual.
Gracias a la presión mediática, todas las designaciones fueron revocadas. La desmoralización en el SEM, siempre temeroso de represalias laborales si contradice al ungido en turno o alza la voz para protestar, ha resultado en el insólito número de 36 renuncias de diplomáticos de carrera, siete con rango de embajador.
Para muchos, no hay mayor prueba sobre el desvío de los fondos presupuestados que el hecho mismo de que no han ocurrido traslados todo el año y que los propios responsables reconocen que es porque no hay dinero cuando a principios de año dijeron que sí había. Miembros del SEM están convencidos que se gastó para otros fines. Cuáles fueron esos fines. Quién o quiénes dieron la orden de utilizarlos para otra cosa que no fueran los traslados. ¿Corrupción? ¿Ineptitud administrativa? Es imperativo que la Cancillería, bajo nueva titularidad, investigue qué pasó con esos recursos e informe a los perjudicados y a la opinión pública y, de ser el caso, se proceda en consecuencia.
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