En el lobby del Museo de la Agencia Federal Antinarcóticos en Arlington, a unos metros de distancia del Pentágono, están los retratos de un centenar de agentes que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Un quiosco interactivo con las biografías de cada uno, complementa el solemne Muro de Honor que permanece iluminado las 24 horas. El más célebre y celebrado entre los héroes caídos de la DEA es Enrique Camarena.
El cártel de Guadalajara lo secuestró, torturó y asesinó en 1985, presuntamente por órdenes de un político priista que quería conocer qué sabía sobre sus vínculos con el narco. Su maltrecho cuerpo fue descubierto semanas después. Una autopsia secreta sugirió que pudo haber sido violado por vía rectal. Tenía 37 años.
Para la DEA, Camarena es una herida abierta que empezará a cicatrizar cuando el último de los asesinos materiales e intelectuales enfrente el peso de la justicia estadounidense. A lo largo de casi cuatro décadas, Estados Unidos ha presionado para que México entregue a ocho individuos que están prófugos o en prisión. Encabezan la lista Rafael Caro Quintero, Miguel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca. Caro Quintero fue arrestado en 2022 en un operativo en el que la DEA asegura haber participado. Está preso en el Altiplano. Félix y Fonseca cumplen largas condenas por el asesinato de Camarena bajo prisión domiciliaria debido a avanzada edad y precaria salud. “La extradición de Caro Quintero sigue siendo una prioridad para el Departamento de Justicia”, me dijo Nicole Navas Oxman, portavoz de la dependencia.
Sin embargo, la entrega expedita que pidió el procurador Merrick Garland cuando fue capturado, no ocurrió, no sólo por las trabas legales interpuestas por sus abogados, sino por falta de voluntad política del gobierno. Desde que Andrés Manuel López Obrador acusó a la DEA de intromisión en los asuntos internos de México y amenazó con expulsar a sus agentes por la captura del general Salvador Cienfuegos, la colaboración se vino abajo.
“Estoy convencida que la relación de la DEA con las autoridades mexicanas es peor ahora que en los ochenta cuando Camarena fue asesinado”, me dijo Elaine Shannon, autora de Desperados, libro sobre los entretelones del caso publicado en 1987 que planea reeditar próximamente con “información nueva y exclusiva”. “Ninguno de los personajes principales en esta conspiración criminal ha enfrentado la justicia en Estados Unidos. Algunos han sido encarcelados por un tiempo en México, pero ninguno ha sido interrogado bajo juramento en el sistema penal estadounidense. La gente necesita saber que la causa sigue abierta y que la cacería está activa. Necesita saber quiénes son los perseguidos”.
Manuel Bartlett, quien era secretario de Gobernación cuando asesinaron a Camarena, no es uno de ellos. “Como periodista, me gustaría saber más sobre decisiones que tomó, pero no es uno de los perseguidos porque no pende acusación penal en su contra”.
Como corroboró el embajador John Gavin al final de su vida, la administración de Ronald Reagan estaba convencida que Camarena fue ultimado con la anuencia de altos funcionarios en el gobierno de Miguel de la Madrid. El caso Camarena detonó una de las crisis diplomáticas más serias en tiempos modernos. El gobierno de Reagan acusó al de Miguel De la Madrid de encubrir a los asesinos. Para presionar a los funcionarios mexicanos que obstaculizaban la investigación, Washington mandó cerrar la frontera terrestre.
Hoy, Estados Unidos prefiere la persuasión y el consenso sobre las acciones hostiles y de confrontación del pasado. Tras la repatriación de Cienfuegos acordada entre los gobiernos, Reuters publicó que, a cambio, México había aceptado capturar y extraditar a un “súper capo”. Se sospechó que a Caro Quintero. AMLO cumplió con la detención, pero no con la extradición. Sigue siendo una asignatura pendiente. No ha querido darle el gusto a “los de la DEA” con los que sigue confrontado. Además, no tendría el beneficio político que tuvo la rápida extradición de Ovidio Guzmán López, que Washington le agradeció profusamente.
Y es que, a diferencia de los chapitos, a quienes la DEA culpa por la epidemia de fentanilo que ha matado a decenas de miles de estadounidenses, el otrora playboy del extinto cártel de Guadalajara que llegó a personificar la narcocorrupción en las venas del sistema político mexicano, hace tiempo que dejó de ser el mítico Narco de Narcos.
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