Aun para un país como México, más acostumbrado a la violencia que la mayoría, el año electoral se perfila como el más violento en décadas. Así lo avizoran analistas estadounidenses que no descartan asesinatos de candidatos a cargos federales.
“No es impensable”, me dijo Ryan Berg, director para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, cuando le pregunté si debe preocupar a México y Estados Unidos un escenario similar al caso de Luis Donaldo Colosio.
“Si bien no estoy pronosticando algo así, el nivel de violencia y lo que está en juego para los cárteles en la elección presidencial, significa que pudieran decidir actuar. Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez deberían tomar precauciones extremas y tener una fuerte protección en eventos públicos”, comentó Berg.
Colosio fue el último candidato presidencial asesinado en México hace 30 años. Desde entonces, casi todos los procesos electorales han registrado homicidios políticos.
En un país donde la delincuencia criminal controla la mitad del territorio, según estimaciones estadounidenses, con siete de las ciudades con más homicidios per cápita en el mundo, nada es inconcebible. Tras un mitin de campaña en agosto pasado, Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, fue ultimado en Quito por sicarios presuntamente al servicio de bandas criminales con nexos a los cárteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. “Aumentarán los asesinatos políticos y las amenazas contra candidatos para que se retiren de las contiendas”, vaticina un nuevo informe del Instituto Baker de la Universidad Rice, que dice que el gobierno mexicano espera que el crimen organizado opere a su favor en las elecciones.
Si los numerosos asesinatos políticos en los primeros días del año son un botón de muestra, la violencia en el actual ciclo electoral puede marcar un hito hasta para los estándares mexicanos. La corrupción de autoridades estatales y federales, y la impunidad rampante en este sexenio, han allanado el camino para una narcoelección en la que, a diferencia de prácticas pasadas, los cárteles estarían postulando a su propia gente, no sólo financiando a candidatos partidistas, generando una profunda crisis de confianza en la debilitada institución electoral y en las fuerzas del orden doblegadas por el crimen organizado.
La continuación de la política de “abrazos no balazos” que disparó la narcoviolencia es igual de preocupante en el mediano plazo. “En muchos sentidos, es el peor escenario”, dice Berg. “Si Andrés Manuel López Obrador no cambió la narrativa en cinco años, no lo hará en el último”.
El analista lamenta que no haya voluntad política de Estados Unidos y México para retomar el enfoque de “responsabilidad compartida” y contener conjuntamente a la delincuencia criminal, principal instigadora de la narcoviolencia.
Cambiaría si, dice, Claudia o Xóchitl dieran un golpe de timón en la estrategia de seguridad. Además de su alto costo humano, la violencia también merma la calidad de la democracia.
Cecilia Farfán Méndez, directora de investigaciones del Centro de Estudios Estados Unidos-México de la Universidad de California en San Diego, dice que el temor a ser víctimas de la violencia puede inhibir a posibles contendientes.
“Esto significa que, en casos extremos, sólo se postulen personas que tienen vínculos o pactos con actores involucrados en actividades ilícitas”. Farfán Méndez no descartó una “disrupción el día de los comicios en algunos lugares”.
De acuerdo con la encuesta “Seguridad y Fuerzas Armadas” del centro californiano, cerca de 60% de los mexicanos encuestados cree que los grupos criminales influyen en el resultado de las elecciones federales, más de la mitad considera que los militares pactan con el crimen organizado y casi 90% dice que ese presunto pacto amenaza la democracia.
El gobierno y las agencias de seguridad estadounidenses monitorean de cerca el proceso electoral mexicano en marcha. Dos son los focos rojos que los ocupa: posibles estallidos de narcoviolencia en algunos estados y los esfuerzos del Kremlin para diseminar desinformación y provocar discordia a través de “RT en Español”, influencers rusos y medios locales cooptados. En octubre pasado, el Departamento de Estado envió un inusual cable confidencial a sus embajadas en 95 países, México incluido, alertándolas contra operaciones de interferencia y financiamiento rusas a favor de candidatos y partidos afines en las elecciones de este año. Las preferencias electorales de rusos y narcos coincidirán en las urnas el 2 de junio. Ambos apuestan a la candidata oficialista que, de llegar a la presidencia, esperan preserve el statu quo.
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