En un intento por bloquear la sentencia de la Corte, el gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos Galván, desembolsó la nada despreciable suma de 29.2 millones de pesos por unos cuadernillos que servirían para sustituir a los Libros de Texto Gratuitos.
En los pasillos gubernamentales, los argumentos que se escuchan del Ejecutivo estatal contra los libros producidos por el gobierno federal son tan densos como los materiales que trataron de opacar: que si tienen carga ideológica, que si promueven la hipersexualización de la infancia o distorsionan la inclusión.
Así, la distribución de los materiales educativos parece estar atrapada en un interludio judicial. ¿Será una estrategia maestra o sólo un juego de trabas burocráticas?