Acapulco, GUERRERO - Entre 70 y 80 locales comerciales instalados en las inmediaciones del Mercado Central fueron incendiados por individuos armados la noche de este viernes, informaron autoridades.
Ese es el balance del gobierno municipal que encabeza Abelina López Rodríguez luego de que personal de Bomberos y Protección Civil atendieron la emergencia suscitada cerca de la medianoche, cuando fueron alertados de un incendio provocado en el área del Tianguis Campesino del Mercado Central de Abastos, en pleno centro del puerto.
El incendio se produjo exactamente en la parte de atrás de una estación de bomberos y de una oficina regional de la Policía Preventiva Municipal, que al parecer no se percataron del incidente hasta que las llamas ya estaban consumiendo los locales.
Según fuentes del propio mercado, el incendio fue provocado por órdenes del crimen organizado en represalia porque ese sector de comerciantes no participió en la protesta organizada contra el Ejército y la Guardia Nacional que desde días antes mantenían un operativo de vigilancia en ese mercado, el más importante del municipuo, para combatir la extorsión.
Según información extraoficial, el mando de la Novena Región Militar ordenó un operativo de 150 efectivos de tropa con apoyo de la Guardia Nacional para combatir la extorsión de que son víctimas los comerciantes de dicho centro de abasto.
En respuesta, cientos de comerciantes salieron ayer a las calles para protestar contra las supuestas arbitrariedades cometidas por los militares, a quienes acusaron de atropellar derechos y manosear a las mujeres que ahí trabajan.
En una operación simultánea, durante dos horas del viernes los comerciantes bloquearon la Costera Miguel Alemán, la avenida Cuauhtémoc y la avenida Constituyentes a la altura de la base regional de Bomberos, que son las tres principales arterias del puerto de Acapulco.
Con pancartas y cartulinas, los comerciantes rechazaron la presencia tanto de los militares como de la Guardia Nacional que anduvieron haciendo recorridos por los pasillos del interior del inmueble, pidiendo autorización a los locatarios para revisar los establecimientos y revisando a hombres sospechosos.
En declaraciones a la prensa, el comandante del 56 batallón de Infantería, coronel Marco Antonio Mendoza Mendoza, afirmó que el operativo era respetuoso de los derechos humanos, que no estaban violentando derechos y menos que hubiera acoso contra las mujeres.
El mando dejó en claro que se trataba de un operativo de revisión del Mercado Central -por donde transitan a diario no menos de 50 mil personas- para erradicar la extorsión que lleva a cabo “una persona” a la que tienen “bien identificada”, en referencia al crimen organizado.
El militar consideró que los bloqueos de comerciantes, que paralizaron al puerto de Acapulco durante dos días consecutivos, en realidad son “una campaña de desprestigio” contra los militares para que salgan del mercado, por parte de un grupo criminal que opera en la zona y que extorsiona a los comerciantes.
“Se trata de una campaña de desprestigio contra el Ejército y la Guardia Nacional que implementa el operativo Santa Lucía”, que se lanzó originalmente desde agosto pasado y que se mantiene para disminuir los índices de homicidios vinculados al crimen organizado, según información extraoficial de los tres órdenes de gobierno.
El mando dijo que los efectivos del Ejército no se van a salir del Mercado Central porque “no vamos a permitir que se siga abusando de la sociedad, de los verdaderos trabajadores”.
“Queremos que participen con nosotros, que nos den información para sacar a esta persona de su zona confort”, invitó el militar, aunque aceptó que “la gente tiene miedo, los mismos locatarios tienen miedo porque están amenazados”.
En respuesta a las palabras del mando del Ejército, a las 11:45 de la noche individuos armados prendieron fuego a los locales instalados en el camellón central de la avenida Durango, un sector en que los locatarios son en su mayoría indígenas náhuatls de la zona de Chilapa que ahí expenden sus mercancías. Los locales están ubicados en la parte trasera de una oficina regional de la Policía Preventiva así como de una estación de bomberos, en la confluencia con la avenida Constituyentes.
Según el parte del gobierno municipal, hasta este momento las autoridades del municipio se mantienen atentas a que se determinen las causas del incendio, por lo cual Bomberos y la Comisión de Agua Potable tienen a disposición permanente pipas con 10 mil y 3 mil litros de agua.
El comunicado del municipio en ningún momento mencionó la posible autoría material del siniestro, aunque es un secreto a voces entre los comerciantes de que se trató de sicarios del crimen organizado.
