El deterioro de la libertad de expresión en el continente es una de las temáticas centrales en la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la cual se hizo referencia a la situación que prevalece en algunos países en específico, como es el caso de México.
En el encuentro se hizo referencia directa al crimen organizado, al cual se le señaló como un “grave riesgo” para la libertad de expresión y prensa.
Al respecto, se citaron ejemplos ocurridos en países como Argentina, Ecuador y Colombia. Sobre el primer país, se recordaron las acciones intimidatorias contra Televisión Litoral, en la ciudad de Rosario. Y es que algunos integrantes de dicho medio que cubren temas del narcotráfico fueron amedrentados y la sede del canal fue objeto de dos ataques armados.
En Ecuador ocurrió algo similar, con los hechos violentos contra Sono Onda, estacón radial ubicada en la ciudad de Portoviejo, acotó la SIP; mientras que en Colombia, se refirió a las amenazas que El Heraldo de Barraquilla y periodistas de otros medios han padecido por parte de sujetos armados e integrantes del grupo paramilitar ELN.
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En el caso de nuestro país, no se citaron ejemplos concretos, aunque se advirtió que periodistas y medios pequeños del “interior del país” padecen al asedio de grupos criminales.
Sin embargo, hay que destacar que el año pasado fue el más letal para periodistas en nuestro país, con la muerte de 12 comunicadores y casi 700 ataques contra representantes de la prensa.
En este sentido, tal hostilidad ha sido atribuida, en parte, al discurso contra los medios por parte del presidente López Obrador. Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, aseveró que en 2022 el mandatario realizó 176 “comentarios estigmatizantes” contra medios o periodistas.
Por su parte, la SIP refirió que la Declaración de Chapultepec establece que los actos violentos contra medios y comunicadores “deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”. Por lo que exhortó a los gobiernos de la región a cumplirlo, pero, principalmente, a implementar políticas públicas que prevengan tal hostilidad.
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