La comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara (UdeG) condenó la vinculación a proceso de tres estudiantes que protestaban contra un desarrollo inmobiliario en el Parque Resistencia Huentitán.
Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas se presentaron a una audiencia de imputación el pasado jueves 5 de enero, pero tras decretarse un receso, el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos les impuso la prisión preventiva como medida cautelar.
“El juez se equivocó, cometió una ilegalidad más grande de lo que se puede cometer; dictó prisión preventiva oficiosa, eso es un delito y eso tendrá que enfrentarlo el juez”, comentó el rector de la universidad, Ricardo Villanueva Lomelí.
Los tres estudiantes son señalados por el delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas.
Otros que se sumaron a la exigencia para poner en libertad a los estudiantes fue la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos (CONEM), quien en un comunicado condenó la violación de los derechos humanos de sus compañeros.
La CONEM recalcó que el objetivo de los estudiantes era sumarse a los reclamos por la “privatización de un espacio público” que vecinos y activistas han mantenido por más de 10 años.
“En Jalisco reina la impunidad, la desaparición de personas y los negocios al amparo del poder. Ahora también Enrique Alfaro tiene presos políticos que reviven las peores épocas de represión del viejo régimen”, indicaron.
Luego de la detención de sus compañeros, alumnos de la UdeG montaron un campamento afuera de la Casa Jalisco para exigir a Enrique Alfaro la liberación de los tres estudiantes.
Del Parque Huentitán al Distrito Iconia
En 2008 el ayuntamiento decidió entregar a un particular un predio para la construcción de un desarrollo inmobiliario, lo que desató una serie de críticas y protestas por parte de vecinos y activistas.
Tras argumentar que la Operadora Salamanca incumplió parte del contrato que incluía la construcción de infraestructura a cambio del predio, los vecinos comenzaron a reforestarlo y pidieron a las autoridades su recuperación para construir ahí un parque.
Más de 10 años pasaron hasta que en 2021 Operadora Salamanca interpuso una denuncia por la toma del predio, por lo que el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos ordenó su desalojo con el uso de la fuerza pública.
Pese a que en el predio de 13 hectáreas se realizaban actividades culturales y plantación de árboles, las autoridades que realizaron el desalojo señalaron que los estudiantes portaban armas de fuego.
Ahora preso, Javier Armenta, quien fuera presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, denunció una persecución política de parte del gobernador Enrique Alfaro y lamentó que el Poder Judicial esté sometido al Poder Ejecutivo. EJ
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