La “militarización” como política de Estado en los últimos 15 años ha implicado un aumento en los recursos de la Fuerzas Armadas, a costa de mayor inseguridad y vulneración a los derechos humanos, advierte un reporte especial de Intregralia Consultores.
Tan sólo entre 2007 y 2022 el presupuesto de las instituciones armadas se incrementó en más de 60%. Sin embargo, riesgos como un mayor debilitamiento institucional, más denuncias por violaciones a derechos humanos e incentivar prácticas de corrupción y opacidad podrían incrementarse aún más, agrega el reporte.
La firma especializada en el análisis de riesgos políticos señala al menos nueve riesgos de continuar con la militarización de la seguridad pública, la cual se consolida como política de Estado con la reciente aprobación para que la Defensa Nacional asuma el control de la Guardia Nacional.
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Además del incremento de los recursos para las Fuerzas Armadas, el cual ha superado la evolución presupuestal a todas las instituciones encargadas de la seguridad pública a nivel federal, el reporte titulado La militarización en México. Hacia la consolidación de una política de Estado 2006-2022, subraya el control a más de 20 funciones, “incluyendo areas estratégicas”, que en este gobierno se les concedido a las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el aumento en funciones y una mayor disponibilidad de recursos para las Fuerzas Armadas no ha implicado que los niveles de violencia e inseguridad en el país se hayan reducido notablemente, pues, aunque el reporte señala que en 2021 hubo una ligera disminución en el número de asesinatos, la incidencia de otros delitos como la extorsión, el narcomenudeo y el feminicidio se han elevado.
La percepción de confianza y buen desempeño en las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional también se han visto reducidas, y en contraparte de 2020 a 2021 hubo un aumento en el número de quejas por violaciones a derechos humanos en contra de militares, marinos y guardias nacionales.
Dentro de los riesgos que advierte Integralia destaca una mayor pérdida en el fortalecimiento y capacidades de las instituciones civiles; una estrategia de seguridad “deficiente” al no estar entrenados en labores policiacass, las cuales tanto a nivel estatal como municipal “han sido relegadas”.
También se destaca el riesgo de incentivar “la corrupción y opacidad” debido a que las instituciones militares carecen de mecanismos de rendición de cuentas, lo cual ya ha beneficiado al gobierno federal al señalar a ciertas obras con carácter de “seguridad nacional”.
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