Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador que buscará, mediante iniciativa de ley que reforma la Constitución, que la Defensa Nacional asuma el control total de la Guardia Nacional, cada vez son más voces que se suman al rechazo dicha propuesta, al grado de que ahora la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DDHH) pidió no “militarizar” a la corporación.
“La Alta Comisionada ha reiterado en relación con varios contextos que la creciente militarización de funciones civiles supone un debilitamiento de la institucionalidad democrática. La Oficina insta a que la naturaleza civil de la Guardia Nacional y de la seguridad pública, consagrada constitucionalmente, sea mantenida”, externó el portavoz de la oficina que encabeza Michelle Bachelet, a cuatro días del anuncio del mandatario mexicano.
Al señalar que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sólo debe ser un “último recurso de carácter temporal y fiscalizado por órganos civiles independientes”, la oficina de la ONU-DDHH reiteró su disposición para ofrecer la “asistencia técnica” al Estado mexicano a fin fortalecer las instituciones civiles, la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad.
En un sentido similar, la oficina de Amnistía Internacional en México alertó sobre el aumento de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas por parte de las Fuerzas Armadas, como parte de los riesgos de la incursión de estas en seguridad pública sin estar subordinadas a una institución civil, lo cual además resulta contrario a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
Precisamente al respecto de que “ningún acuerdo presidencial puede estar por encima de la Constitución”, la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) se sumó a los exhortos al titular del Ejecutivo para que deje de lado su intención de consolidar la Guardia Nacional como una institución militar, pues además de violar el marco constitucional y convencional, se incumpliría con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de que la presencia de militares en tareas de seguridad, debe ser “acotada y excepcional”.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también se pronunció al respecto y sugirió que “la mejor manera” de combatir a las organizaciones criminales y atender los graves problemas de inseguridad que mantienen al país en “una crisis de violencia que ha dejado en los primeros 43 meses de la actual administración, una cifra de homicidios dolosos que sobrepasa los 130 mil 455 casos”, resulta a través de una estrategia que contemple labores de inteligencia, de desarticulación financiera y de cooperación internacional en coordinación con el Poder Judicial para que se dicten sanciones severas y no exista impunidad.
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