En 2022 creció 75% la proporción de adolescentes que han sido internados en un centro de reclusión y que piensan que pueden volver a ser procesados jurídicamente por reincidir en conductas ilícitas, reveló este miércoles la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal 2022 elaborada por el Inegi.
El documento refiere que, en 2017, 9.7% de los adolescentes que purgaban condena en algún centro de internamiento estimaban “probable” el riesgo de volver a ser procesados; para 2022, el porcentaje se elevó a 17 por ciento, lo que pone en evidencia las fallas del sistema penal para evitar la reincidencia.
De acuerdo con la encuesta del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), las entidades donde es mayor la predisposición de los adolescentes a volver a ser procesados legalmente son Tlaxcala (50 %), la Ciudad de México (33 %) y Baja California Sur (33 %); en cambio, los estados donde los jóvenes visualizan un riesgo nulo son Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo y San Luis Potosí.
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A nivel nacional, 12.2 % de los adolescentes internados considera que el centro de reclusión no le ha dado las herramientas para reincorporarse a la vida social, contra un 87.3 % que tiene una opinión positiva.
Sin embargo, según la encuesta, las cosas son distintas a nivel estatal, pues en estados como Tabasco, Zacatecas, Tamaulipas y Chiapas, la proporción de jóvenes recluidos que piensa que la cárcel no les ofrece elementos para reintegrarse a la vida familiar, laboral, escolar o social supera el 20 por ciento.
Si bien la mayoría de los adolescentes privados de la libertad considera que tiene condiciones de volver a las actividades lícitas que realizaba antes de su internamiento, hay círculos donde se teme una mayor afectación.
Por ejemplo, 12.9 % de los jóvenes piensa que el haber estado en reclusión sí afecta la posibilidad de reinsertarse a la vida laboral (en la región sureste el temor llega a 18.3 %), mientras que 20.4% estima que sus antecedentes penales afecta la posibilidad de reencontrarse con sus amigos (en el sureste, la proporción se eleva a 26.4 %).
Asimismo, 15 % de los adolescentes que han sido encarcelados opina que su situación legal sí afecta la posibilidad de volver a la escuela (en la región centro la estimación llega a 17.3 %), en tanto que 15.9 % de los jóvenes entrevistados considera que su paso por prisión disminuye la posibilidad de reintegrarse a sus familias (con un pico de 22.4% en la región centro del territorio nacional).
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