La corrupción, acompañada de la impunidad, ha avanzado como cáncer y se ha enquistado en México.
La tasa de prevalencia de la corrupción creció en al menos 26 entidades del país en los últimos ocho años durante las administraciones del expresidente Enrique Peña Nieto y su sucesor, Andrés Manuel López Obrador.
Esto representa el 84% de los estados en México, de acuerdo con el reporte “Corrupción e Impunidad” de la Cámara de Diputados.
Es decir, la corrupción sólo disminuyó en Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas de 2013 a 2021.
Las entidades en donde la tasa de prevalencia se disparó casi al doble o por encima fueron Aguascalientes, Baja California, Durango, Guerrero, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
En el caso de Aguascalientes, la tasa de prevalencia pasó de 6 mil 247 personas que han experimentado actos de corrupción por cada 100 habitantes en 2013 a 11 mil 326 por cada 100 mil habitantes en 2021.
En Morelos, pasó de 7 mil 676 que fueron víctimas de algún acto de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2013 a 15 mil 545 habitantes por cada 100 mil habitantes en 2021.
“En el ámbito nacional la tasa de la población que tuvo contacto con algún servidor público y tuvo alguna experiencia de corrupción fue de 12 mil 80 por cada 100 mil habitantes”, se detalla en el documento.
Las autoridades en materia de seguridad pública son las más corruptas del país debido a que el 50% de la población considerada en el estudio ha tenido una experiencia.
Le siguen las instituciones administrativas encargadas de otorgar permisos y concesiones, principalmente con las propiedades, así como los trámites ante el Ministerio Público, los juzgados o tribunales, en las que más del 20 por ciento de los encuestados reportó algún acto.
A diferencia de la comunidad internacional, que apuesta por el modelo de investigación y sanción, México se enfoca en las medidas relacionadas con la transparencia y austeridad.
“La corrupción y la impunidad son fenómenos que socavan las democracias. Entre algunas de sus consecuencias se pueden nombrar: pérdida de credibilidad en los gobiernos, que provocan pérdidas millonarias al erario, vulneran el sistema de justicia, debilitan las instituciones, desincentivan la participación ciudadana”, se concluye.
