CPI pone sus ojos en Venezuela

El pasado regresó para Nicolás Maduro. Este martes, la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó a su fiscal a reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante su gobierno, ya que consideró insuficientes los procedimientos judiciales nacionales.

“Venezuela no parece estar investigando las alegaciones fácticas que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad. Las investigaciones nacionales en general parecen centrarse en los perpetradores directos o de rango inferior”, informó el organismo en un comunicado.

Tal noticia no fue bien recibida por el gobierno de Maduro, que ya anunció que apelará la investigación, toda vez que sostiene que las denuncias de violaciones de derechos humanos deben investigarse únicamente en el marco de su propio sistema judicial. En su respectivo comunicado, la Cancillería argumentó que las intenciones de retomar la investigación obedecen a una “intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos”, los cuales atribuyó a una estrategia de Estados Unidos para intentar sacar del poder al presidente Maduro.

Sin embargo, dentro del territorio venezolano, activistas y víctimas celebraron la autorización para reanudar la investigación.

El caso a analizar data de 2017, cuando se desataron diversas protestas y manifestaciones tanto en Venezuela como en otros países, las cuales fueron originadas por la crisis institucional que vivía el país sudamericano. Factores como el descontento por la inflación, la inseguridad, la escasez de alimentos y productos, la crisis eléctrica y el desempleo, entre otros, orillaron a miles de personas a salir a las calles para exigir una mejor gestión gubernamental, pero la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana actuaron con bombas lacrimógenas y perdigones, lo que dejó 127 muertos, según cifras dadas por el propio gobierno venezolano.

Una vez disueltas las manifestaciones, la justicia del país inculpó y condenó a agentes de las fuerzas del orden por otras violaciones de derechos humanos, pero los opositores al gobierno consideran que esas medidas fueron tomadas únicamente para evitar un proceso ante la CPI.

De resultar improcedente la apelación del gobierno de Nicolás Maduro, es posible que la investigación tome lugar en el propio territorio venezolano, pero según el estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, un Estado miembro puede oficialmente pedir que el procurador de la CPI se ciña a la investigación del Estado en su propio territorio.