Covid, el impacto en la vivienda en CDMX
La movilidad económica de los alquileres pasa de las poblaciones con menos recursos a quienes no enfrentan una situación tan precaria
La pandemia por Covid-19, así como la falta de medidas extraordinarias para proteger el trabajo y la vivienda en la Ciudad de México causó que miles de personas tuvieran que abandonar su hogar o fueran desalojadas en el momento más crítico de la pandemia, situación que según estudios internacionales también contribuyó a la propagación del nuevo coronavirus.
El último informe de la situación inquilinaria en México en el contexto de la contingencia sanitaria por Covid-19 de la Coalición Internacional para el Hábitat en América Latina (HIC-AL) señala que al menos una cuarta parte de los hogares en la capital del país son rentados, pero aunque este número parece bajo a nivel entidad, es importante distribuirlo entre las zonas más vulnerables.
Los autores del estudio destacan que incluso antes de la pandemia, en la Ciudad de México se enfrentaba a un “problema serio en relación a la asequibilidad de vivienda, ya que los costos relacionados a esta llegan a comprometer el cumplimiento de otros derechos básicos como salud y educación”. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el decil de población más pobre gasta 60% de sus ingresos únicamente en rentar un lugar para vivir.
Sin embargo, la pandemia agudizó esta diferencia y la profundizó con la pérdida de actividad económica, lo que orilló a que cerca de 25 mil personas tuvieran que dejar su hogar por falta de recursos sin tener más opciones que desplazarse a zonas más alejadas o en peores condiciones, lo que impactó en otros gastos como transporte, y en muchos casos pérdida del empleo por la nueva lejanía.
Además el estudio detalla que la movilidad económica de estos alquileres pasa de las poblaciones con menos recursos a quienes no enfrentan una situación tan precaria. Por ejemplo, el 99% de los ingresos totales por rentas se acumulan en el 10% de la población más rica del país. Es decir, que 6 de cada 10 pesos en este rubro se dirigen a este sector, por lo que distintas organizaciones han presionado por una ley que proteja a la población de las prácticas abusivas o el desalojo en momentos de crisis como la Covid.
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