Situaciones excepcionales como la crisis sanitaria derivada de la Covid-19 eran aprovechadas por administraciones pasadas para incurrir en acciones que alimentaban la “corrupción estructural”; sin embargo, el actual gobierno federal ha aprovechado la pandemia para combatir estas prácticas. Así lo aseveró Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La funcionaria refirió que la aparición de esta enfermedad le ha permitido al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realizar acciones como fiscalizar y brindar asesoría, legal y técnica, a distintos organismos del sector salud que se han visto en la necesidad de realizar compras y hacer contrataciones con motivo de la crisis sanitaria.
De esta forma, se busca inhibir “desfalcos al pueblo de México”, indicó la secretaría, quien recalcó que de esta forma también se pretende transparentar el uso de los recursos del erario público.
En este sentido advirtió que en lo que va de la pandemia se han revisado 3 mil 300 procesos de contratación en este sector, los cuales ascienden en total a 9 mil 500 millones de pesos.
Estos pronunciamientos los realizó la titular de la SFP en la inauguración de la Semana Nacional de la Transparencia 2020 “Salud Pública y Transparencia, importancia de la información pública para afrontar crisis sanitarias”. Durante su participación en el evento, aseveró que la pandemia “le vino como anillo al dedo a la Cuarta Transformación”.
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Sandoval Ballesteros añadió que la crisis sanitaria es “un escenario sin precedentes”, el cual representa, tanto para la sociedad como para las instituciones, uno de los “retos más complejos”.
Al respecto, externó que el gobierno federal apuesta por dejar de depender de “intereses privados” dentro del sistema de salud. Con la transparencia y rendición de cuentas, sostuvo, se busca que el sector se fortalezca y ofrezca garantías del buen uso de los recursos de los que se disponen.
Cabe recordar que en abril se dio a conocer que la delegación del IMSS en Hidalgo adquirió a sobrecosto 20 ventiladores para pacientes graves de Covid-19, los cuales le fueron comprados a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad del hijo de Manuel Bartlett.
Esto propició que se presentaran denuncias ante la FGR y las SFP. En las demandas quedó asentado que la compra de estos aparatos fue por 31 millones de pesos. La compañía del hijo del director de CFE se hizo de la licitación de forma directa, es decir, sin concurso de por medio.
El argumento fue la premura de la situación, no obstante, al comprobarse el pago excesivo y que los ventiladores no cumplían con los requerimientos médicos necesarios, se resolvió que el IMSS regresara los 20 aparatos. GA
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