En lo que va de este 2019 diputados de los Congresos locales en San Luis Potosí, Hidalgo y Baja California Sur aprobaron las uniones civiles entre personas de la comunidad LGByT. Aunque en Nuevo León no fue votado, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) invalidó el impedimento legal que había.
Son entidades donde el número de católicos va a la baja y las congregaciones evangélicas han tomado fuerza en la última década. Los legisladores de Sinaloa, Yucatán y Zacatecas votaron en contra por escaso margen, por lo que en esas entidades no está permitido el matrimonio igualitario.
En todo el país las parejas del mismo sexo pueden casarse ante un juez, incluso en aquellas entidades donde estaba prohibido (Chiapas, Puebla, Jalisco y Colima) o donde todavía hay restricciones jurídicas para ello, basta tramitar un amparo ante la SCJN donde los contrayentes aludan a la Tesis Jurisprudencial 84/2015 donde se explican los motivos por los que todas las personas, independientemente de su sexo, tienen los mismos derechos.
Lo que ignoran rabinos, sacerdotes o cualquiera que tenga la potestad de unir a una pareja en el ámbito religioso son precisamente las preferencias sexuales de quienes solicitan “la bendición”. Apelan a la buena fe de las parejas y hacen votos porque hombre y mujer conformen de por vida una “familia natural”.
Parejas que se casaron en los miles de centros de culto que hay en el país -de todas las religiones-, llegan después de un tiempo a separarse al darse cuenta de sus verdaderas preferencias sexuales. De esto no existen registros estadísticos y aunque los números son bajos respecto a quienes practican al 100 por ciento la heterosexualidad, los religiosos han preferido sumarlos al rubro de “adulterio comprobado” o “separación voluntaria” sin dar más detalles.
El 16 de mayo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó que en los 67 Consulados se celebren matrimonios igualitarios, aún en los 11 países donde los derechos para las personas de la comunidad LGBT no son reconocidos o constituye un delito pertenecer a ella. En estas sedes diplomáticas se les exige a los contrayentes contar con sus exámenes prenupciales, cosa que regularmente no es impedimento para que Ministros de Culto, sobre todo en zonas indígenas, unan a las parejas que desean vivir “hasta que la muerte los separe”, como se les exhorta en las congregaciones de corte cristiano.
Desde la época colonial y hasta 1859 cuando el Presidente Benito Juárez con su ideario liberal quitó el monopolio a la Iglesia Romana de ser la única entidad que certificara, avalara y constatara un matrimonio, lo que en su momento aplaudieron los escasos protestantes que había en México y festejaron la creación de un Registro Civil, que comenzó a otorgar las constancias y por fin se lograba una separación entre la Iglesia y el Estado.
Hoy, evangélicos identificados con grupos pro vida y pro “familia natural” quieren regresar esa época donde la potestad religiosa sea otorgada una vez más a las Asociaciones Religiosas, invalidando derechos y leyes e imponer una ideología basada en su interpretación bíblica de lo que ellos entienden por matrimonio.
En México existen Iglesias que en sus estatutos internos prohíben a sus ministros casar a homosexuales, como la Metodista de México. En el Artículo 337 de su Disciplina Interna señalan que “ningún pastor podrá celebrar una ceremonia matrimonial que no sea entre hombre y mujer”. Paradójicamente, fue la Metodista Unida de Estados Unidos la que nombró desde el 2016 a Karen Oliveto como Obispa en Yellowstone, quien está casada con la diaconisa Robin Ridenour. El tema de la diversidad sexual ha fragmentado a esta denominación a nivel mundial, pues mientras una fracción habilita a homosexuales como pastores, otros desean que hagan su cofradía de manera discreta. En México el tema de la homosexualidad de los pastores se trata de manera secreta.
Bien haría la Secretaría de Gobernación en repartir por lo menos un ejemplar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a cada denominación. Los Ministros de Culto no deben ignorar sus derechos y obligaciones como ciudadanos de la República que se supone que son.
PALABRA DE HONOR: Cuando Rosario Robles Berlanga era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y subordinado suyo el Jefe de la Policía, Alejandro Gertz Manero, un día salieron a enfrentar juntos una manifestación de policías que exigían mejores condiciones laborales. Ella lo tomó de la mano y le dijo, en ti confío para afrontar esto. El jefe policiaco la protegió y ambos hablaron con los uniformados. Hoy todo cambió. No hay protección.
