La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) encontró al estado mexicano responsable de la desaparición forzada de tres personas.
La CorteIDH dictó sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocio Irene Alvarado Reyes, en el contexto de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua”, se lee en el documento expedido por la institución.
En la sentencia se asegura que Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocio Irene Alvarado Reyes fueron desaparecidos por elementos de las fuerzas armadas durante un operativo en Chihuahua en 2009. https://twitter.com/CorteIDH/status/1075931371351220224 El 29 de diciembre de 2009 José Ángel Alvarado Herrera y Nitza Paola Alvarado Espinoza se encontraban a bordo de una camioneta estacionada en las afueras de la casa de la suegra de José Ángel en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, cuando fueron detenidos por alrededor de 8 y 10 personas que portaban uniformes militares. Posteriormente entre 8 y 10 sujetos que portaban uniformes militares arribaron al domicilio de Rocío Irene Alvarado Reyes y tras detenerla la obligaron a abordar un. A partir de que sucedieron los hechos, no se tiene noticia del destino de los tres desaparecidos, asevera la sentencia de la Corte. La Corte acreditó la participación de agentes de las fuerzas armadas en la detención arbitraria y desaparición forzada de las tres personas. La sentencia, que condenó al Estado mexicano a indemnizar a los familiares de las tres víctimas, con más de un millón 490 mil dólares, así como cancelar costos y gastos por 35 mil dólares, fue notificada ayer a las partes involucradas. Entre otras medidas de reparación integral, la corte ordenó al Estado mexicano indagar de inmediato el paradero de las víctimas y los hechos del caso, otorgar rehabilitación a los familiares, publicar la sentencia y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidades. La Corte no sólo encontró al Estado mexicano culpable de desaparición forzada, constató que el Estado es responsable por la falta de debida diligencia y plazo razonable en las investigaciones de los hechos y que violó su deber de garantía respecto a los familiares que se vieron obligados a desplazarse y sufrieron amenazas así como hostigamientos.
