De manera unánime, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó hoy que “no es factible” posponer la resolución de la acción de inconstitucionalidad 29/2023 en la que se impugna la primera parte de la reforma electoral conocida como el “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la sesión privada de hoy, los 11 ministros del alto tribunal consideraron que no era posible atender la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en la que pidió a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández resolver primero la acción de inconstitucionalidad de 2018 sobre impugnacionesa a la Ley General de Comunicación Social.
“Al respecto, las 11 ministras y ministros determinaron por unanimidad que no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral”, señaló la SCJN en un comunicado.
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El proyecto bajo la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán que empezará a ser discutido por el Pleno el lunes, propone declarar la invalidez del decreto que reforma las leyes de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, al considerar que la primera de las reformas del llamado “Plan B” implicó una serie de “irregularidades y violaciones” graves en el procedimiento legislativo.
En el caso de la acción de inconstitucionalidad 52/2018, la cual pidió la Consejería Jurídica del Ejecutivo a la Suprema Corte resolver antes por “orden de prelación y por seguridad jurídica”, el máximo tribunal del país informó que el proyecto de ese asunto, el cual está a cargo de la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek, y al cual “no se le dio el trámite de materia electoral”, aún no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdo de la Corte.
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