Dar a conocer las declaraciones patrimoniales de los ingenieros militares residentes de obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no implica “riesgos a la seguridad nacional”, determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por mayoría de seis votos a favor y dos en contra, el Alto Tribunal declaró como infundado el recurso de revisión que promovió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de la resolución que emitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el 6 de julio de 2022.
En dicha resolución el INAI descartó que el dar a conocer la versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros militares residentes que solicitó un ciudadano a la Secretaría de la Función Pública (SFP) implicaba algún riesgo a la seguridad nacional, como argumentó la Consejería Jurídica en su impugnación.
Bajo la ponencia del ministro Javier Laynez, el proyecto de sentencia que hoy fue aprobado reiteró el sentido de la resolución del INAI, respecto a que el hecho de dar a conocer la declaración o la evolución patrimonial de los servidores públicos no implica una afectación a la seguridad nacional.
“Ninguno de los documentos públicos ofrecidos (por la Consejería Jurídica) acredita que entregar la versión pública de las declaraciones patrimoniales afecte la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional o revele datos que puedan ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción del Estado Mexicano”, subrayó el ministro ponente.
En ese sentido, al tratarse de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, sujetos al régimen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, están obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, y hacerlas públicas conforme a la ley.
Los ministros Arturo Zaldívar y Jasmín Esquivel fueron los únicos votos en contra de la propuesta del proyecto, al referir la posibilidad de que en la versión pública de las declaraciones solicitadas podría existir el riesgo de que se revelen datos personales que podría vulnerar no sólo a las personas sino a las propias instituciones.
El fallo del máximo tribunal fue celebrado por la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra al reiterar que las declaraciones patrimoniales y de interés “son herramientas de transparencia y rendición de cuentas que contribuyen en el combate a la corrupción y promueven el escrutinio público”.