La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un amparo que ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) a entregar copias de las averiguaciones a dos salvadoreñas que perdieron a su hijo y a su hermano, respectivamente, sobre las matanzas de migrantes extranjeros ocurridas ente 2010 y 2011 en San Fernando, Tamaulipas.
El fallo de la SCJN otorga a Bertilia Parada, madre de Carlos Osorio, y Alma Yesenia Releageño, hermana de Manuel Antonio, el derecho a ser tratadas como víctimas y no realizarse exámenes de ADN para demostrar sus vínculos con su hijo y hermano. Sin embargo, la Corte rechazó la petición en contra de la cremación de los restos de sus familiares y no aceptó reconocer como víctima e interesada legalmente, para conocer del asunto, a la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, representante legal de las mujeres.
Tampoco reconoció que el asesinato de migrantes, la mayoría centroamericanos, entre 2010 y 2011 en San Fernando constituye un delito contra la humanidad.
Amnistía Internacional (AI) sostuvo la madrugada de este miércoles en un comunicado que la falta de avances en las investigaciones sobre la matanza de agosto de 2010 en San Fernando es una muestra más de la negligente respuesta del Gobierno mexicano a la profunda crisis de derechos humanos que vive el país.
“El Gobierno mexicano tiene la obligación de llevar a cabo investigaciones eficientes y de generar un plan integral de reparación del daño para estas víctimas y sus familias, que han buscado justicia durante más de cinco años”, afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI El 22 de agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Guatemala, El Salvador y Brasil fueron asesinados presuntamente por miembros del cártel de los Zetas en un rancho del municipio de San Fernando, Tamaulipas. Durante 2011 se encontraron fosas con decenas de cuerpos más.
