Con una mayoría de nueve votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló la omisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, como titular del Ejecutivo, en completar el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por lo que ordenó un plazo máximo de 30 días naturales para que envíe sus propuestas de aspirantes para al menos dos de las tres vacantes al Senado de la República.
Al resolver la controversia constitucional 207/2021 que presentó dicha comisión a finales del año pasado en exigencia de que el mandatario cumpla su obligación de enviar las propuestas de aspirantes para completar la integración de la Cofece, la cual ha tenido que mantenerse en funciones con sólo cuatro integrantes, tras la renuncia de la comisionada presidenta Alejandra Palacios Prieto, la mayoría en el Alto Tribunal consideró que la omisión del Ejecutivo afecta las responsabilidades constitucionales de dicho órgano.
Así lo planteó la ministra Margarita Ríos-Farjat, ponente del proyecto, al considerar que, si bien en la Constitución no está previsto un “plazo determinado” para que el Ejecutivo Federal envíe su propuesta al Senado, “sí existe un especial interés constitucional para que estos procedimientos se lleven a cabo en plazos razonables, de tal forma que, no se dilaten al grado de permitir que un número de vacantes impida el debido funcionamiento del órgano constitucional autónomo”.
En ese sentido, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso no invalidar los procesos de selección y designación que ya había iniciado el Comité de Evaluación, señaló que el hecho de que la Cofece no cuente con la totalidad de sus integrantes implica una afectación para la toma de decisiones por mayoría calificada. Sin embargo, consideró que aunque es un argumento importante no es determinante ni indispensable para determinar la inconstitucionalidad del asunto.
Al tener en cuenta que se trata de uno de los asuntos que “hacen camino” por la relevancia de su resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán señaló que la trascendencia por la afectación en cuanto al número de comisionados faltantes, así sean cuatro o seis y sólo se requiera uno es un aspecto necesario y “urgente”, que debe de definirse independientemente de la omisión del Ejecutivo.
Respecto a lo cual el ministro consideró que 10 días era un “tiempo suficiente” para que el presidente cuente con una propuesta “robusta y sólida” de sus propuestas considerando que será en el Senado donde se ratifiquen las designaciones; no obstante, la mayoría se pronunció por un plazo de 30 días.
