Por mayoría de ocho votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General de la República (LFGR), incluyendo la inconstitucionalidad del régimen de sanciones administrativas para el personal de la institución.
Al retomar el análisis de la acción de inconstitucionalidad 98/2021 que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de diversas disposiciones de la LFGR, al advertir que vulnera derechos en materia de legalidad e igualdad, presunción de inocencia y libertad laboral, entre otros; hoy el Pleno consideró que el arresto disciplinario de hasta 24 horas que se aplica a funcionarios por faltas recae en un “acto privativo” pues restringe la libertad personal de los agentes ministeriales, como propuso el proyecto a cargo de Margarita Ríos Farjat.
El Alto Tribunal invalidó también los artículos del 71 al 79 de la misma ley, al considerar que el régimen especial de responsabilidades administrativas y sanciones al personal del servicio profesional de carrera de la Fiscalía se apartaba de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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La mayoría de los ministros aprobó la validez de las disposiciones que establecen las amonestaciones públicas o privadas y la suspensión temporal como medidas disciplinarias para analistas y agentes, al considerar que dichas sanciones no son privativas de algún derecho de los funcionarios.
Finalmente, el Pleno aprobó los efectos retroactivos a su resolución al 21 de mayo de 2021, cuando entraron en vigor los preceptos invalidados, con lo cual los castigos y sanciones aplicados desde esa fecha serán inválidos.
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