La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión para que el gobierno de Samuel García reconozca y permita que Luis Enrique Orozco Suárez tome protesta y asuma funciones como gobernador interino de Nuevo León.
Media hora antes de que formalmente inicie la licencia del mandatario para separarse de su cargo por un plazo de seis meses, el máximo tribunal del país ordenó garantizar “la gobernabilidad” en la entidad, así como la seguridad Orozco Suárez, quien el miércoles fue designado por el Congreso del estado como gobernador interino.
Con dicha determinación, el Alto Tribual prohibió al aspirante presidencial la facultad de designar al mandatario interino o a su equivalente, con lo cual deja sin efectos la designación que Samuel García hizo de su secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, como el encargado del despacho en su ausencia temporal.
“Asimismo, que cualquier autoridad se abstenga de realizar nueva designación o nombramiento alguno sobre la titularidad del Poder Ejecutivo, sin importar su denominación, hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente controversia constitucional”, indicó la SCJN mediante un comunicado que difundió a las 23:27 del viernes.
En su pronunciamiento la SCJN reitera que el alcance de su resolución, entre otras cuestiones, es la de reconocer y dejar a salvo la facultad del Congreso estatal para designar al gobernador por la licencia concedida a Samuel García, la cual entró en vigor en el primer minuto de este sábado.
“En virtud de que es un hecho notorio que el Congreso de Nuevo León ya designó a Luis Enrique Orozco Suárez como Gobernador Interino, lo procedente es que el Poder Ejecutivo Local, o cualquiera de sus dependencias, permitan que se desarrolle una efectiva toma de posesión del ciudadano nombrado como Gobernador Interino y se garantice la gobernabilidad y seguridad del funcionario para el periodo otorgado en la licencia.
La Suprema Corte reiteró que la medida cautelar concedida tiene la finalidad de evitar la indefinición en la titularidad del Poder Ejecutivo de dicha Entidad, y así garantizar la gobernabilidad en el Estado de Nuevo León.
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