La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó un amparo promovido por empresas productoras de alimentos y bebidas para revisar el etiquetado nutrimental que les fue obligado a colocar en sus empaques desde marzo de 2020.
Desde el 1 de octubre de 2020, el etiquetado nutrimental para productos comestibles procesados entró en vigor bajo la norma NOM-051-SCFI7SSA1-2010, la cual busca alertar a la población sobre el impacto en la salud al consumir alimentos altos en azúcar, grasas, sodio y calorías.
Esta nueva norma provocó una actualización en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad que prohibió la aparición de personajes en cajas de cereales, pan y refrescos, entre otros productos con tres o más octágonos y dirigidos a infantes .
Sin embargo, una nueva actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en septiembre pasado, impide que las marcas con al menos un sello de advertencia nutricional utilicen a esos personajes en su publicidad de televisión, cines, plataformas digitales y sitios de internet.
Es en este contexto que la Corte aceptó a revisión el amparo promovido por las compañías Herdez, Alimentos del Fuerte, Nutrisa y McCormick, por considerar que viola sus derechos constitucionales.
Estas empresas buscan que la norma aprobada en marzo de 2020 y que será más severa para el próximo año, dañe su competencia en el mercado.
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Por lo anterior, la SCJN notificó este 13 de octubre que la revisión se turnó a la ministra Yazmín Esquivel, luego de que en noviembre de 2021 se les negó un amparo similar por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa.
Vale la pena recordar que fue la propia ministra Esquivel quien en 2019 presentó el proyecto aprobado por la Segunda Sala de la Corte, después de que el etiquetado nutrimental de ese entonces fuera impugnado por organizaciones civiles.
En debate entre las autoridades encargadas de la Salud y las empresas productoras se mantiene en materia del impacto de la publicidad en el consumo de alimentos procesados, una información nutricional suficientemente informativa y los “vicios” que las compañías alegan en la implementación de la norma, principalmente de las secretaría de Economía y Salud.
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