Corte acepta revisar amparo sobre fideicomisos del Poder Judicial
“Se admite a trámite, con el objeto de que el órgano colegiado competente de este Alto Tribunal determine lo conducente”, indicó la Corte respecto a las solicitudes que envió la Consejería Jurídica del Ejecutivo federa
Tras admitir la acción de inconstitucionalidad que promovieron senadores de oposición en contra de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las solicitudes que promovió la Presidencia de la República para revisar los amparos que impiden el uso de esos fondos para beneficio de los damnificados del huracán Otis.
“Se admite a trámite, con el objeto de que el órgano colegiado competente de este Alto Tribunal determine lo conducente”, indicó la Corte respecto a las solicitudes que envió la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal; no obstante, el mismo acuerdo aclara que debido a que la SCJN “carece de atribuciones para conocer de juicios de amparo indirecto en primera instancia”, las solicitudes fueron remitidas a la Segunda Sala.
Esta admisión a trámite se da luego de que la consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González, propuesta por el presidente López Obrador en la terna para ocupar la vacante que deja Arturo Zaldívar en el Alto Tribunal, solicitó a la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, que se atrajera de manera prioritaria los juicios de amparo ante los intereses económicos de jueces y magistrados.
Y es que respecto a la suspensión provisional que obtuvo la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) para evitar la transferencia a la Tesorería de la Federación los 15 mil millones de pesos que conforman la bolsa de los fideicomisos del PJF, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México envió a la SCJN el recurso de queja que tramitaron legisladores a fin de determinar su legalidad.
Ante la advertencia de “la existencia de un conflicto de poderes y la afectación política que generará el asunto”, como refirió el magistrado Antonio Monroy, el Tribunal Colegiado determinó que el máximo tribunal debe aclarar si los jueces y magistrados están o no impedidos de conocer del asunto. El asunto fue turnado al ministro Javier Laynez, quien en los próximos días deberá determinar si admite a trámite la acción de inconstitucionalidad.
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