Corte abre caja de Pandora con aval de acuerdo “militarista”
La más reciente resolución del pleno de ministros sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad dejó una estela de críticas entre juristas; aunque el engrose del expediente dejará como precedente que tres ministros advirtieron sobre los riesgos de no limitar más esta colaboración castrense
La discusión en la Corte sobre la validez del acuerdo que permite a las Fuerzas Armadas actuar como policías, dejó un precedente en la resolución: el exceso de las facultades que les fueron entregadas y los riesgos que pueden significar.
La resolución emitida el martes pasado no obtuvo unanimidad, apenas la mayoría de ocho votos, y fue justo la reflexión de otros tres ministros que pusieron en la mesa cómo el acuerdo publicado por el gobierno federal que faculta a la Marina y al Ejército coadyuvar en tareas de seguridad, contiene elementos que exceden la constitucionalidad y alberga varios riesgos.
Para el abogado David Peña Rodríguez, en el análisis e interpretación que hicieron los ministros de la Corte, sobre la controversia constitucional “se quedaron muy cortos”, pues sostuvo que dejaron de lado la trascendencia de haber facultado a las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden, además de que no están ni diseñadas ni capacitadas para llevarlas a cabo.
“La mayoría de los ministros se decantó por una interpretación formalista, muy sesgada, bastante favorable al Presidente, justo porque lo trascendental del decreto eran las facultades que se le conferían a las Fuerzas Armadas, ahí era el fondo del análisis, de si estas facultades controvertían a la propia Constitución”, advirtió a ejecentral el maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Pese a la insistencia de la ministra ponente, Margarita Ríos Farjat, de que el sentido de su proyecto por avalar el acuerdo impugnado por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados (2019-2020), Laura Rojas, “no normaliza la militarización ni constituye una medida que evidencia una renuncia a la formación de una Guardia Nacional”, varios de sus colegas ministros sí advirtieron durante la sesión sobre las preocupaciones y riesgos de los alcances de dicho acuerdo, emitido en mayo de 2020.
Facultados para violar la Constitución
Sobre las funciones que corresponde a los cuerpos de policía y al ministerio público en cuanto a la investigación de los delitos y la detención de personas, entre otras facultades, el ministro Alberto Pérez Dayán advirtió que es contrario a la Constitución el hecho de que el Presidente con su acuerdo pretenda otorgar a las Fuerzas Armadas “facultades que corresponden a los cuerpos especializados en la investigación de delitos, así como los cuerpos de seguridad pública”.
En ese sentido, el académico David Peña apuntó que la formación de las Fuerzas Armadas no las capacita para ese tipo de tareas, con lo cual se mantiene abierto el espacio “para la violación de derechos humanos, poniendo en mayor riesgo a la ciudadanía”, al subrayar que “para toda sociedad democrática siempre debe ser preocupante que las Fuerzas Armadas tengan tanto poder”.
Al respecto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien junto a su par Luis María Aguilar Morales fueron los dos ministros que votaron en contra del sentido del proyecto por validar el acuerdo “militarista”. Mientras que Pérez Dayán se opuso de manera parcial, pero subrayó que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a las relacionadas con conflictos armados “debe limitarse al máximo y responder a criterios de estricta excepcionalidad”.
Militarizar, un pretexto endeble
El reclamo de diversas organizaciones y especialistas se centró en las facultades y el poder que en este gobierno se les ha otorgado a las Fuerzas Armadas, bajo el argumento que se sostiene desde el presidente López Obrador sobre la legitimización con la que cuentan el Ejército y la Armada para hacer frente a la delincuencia organizada, por encima de las capacidades de los cuerpos policiales.
Opiniones como la del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien en la sesión del martes pasado mencionó el rebasamiento de las capacidades de las policías ante la inseguridad o la ministra Yasmín Esquivel Mossa que sostuvo como “necesaria e indispensable la participación de las fuerzas armadas”, para capacitar y profesionalizar a la Guardia Nacional, evidencian que la narrativa de la actual administración está enfocada en atentar contra la Constitución y los derechos humanos, como parte de la política pública en materia de seguridad.
Para Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de la organización civil Causa en Común, el fondo del problema radica en que desde que se planteó la creación de la Guardia Nacional “siempre fue un engaño que fuera un ente civil y de facto ha sido Sedena; bajo este discurso de que el Ejército es la única institución legítima para el Presidente”.
En entrevista con este diario, la maestra en Gobierno y Asuntos Públicos reiteró que “el hecho de que el Ejército esté desplegado en esta política de seguridad, donde además no hay estrategia, no hay confrontación de los grupos de la delincuencia organizada, y sobre todo no hay resultados, significa una utilización vil, maniquea que no establece una estrategia de seguridad y pacificación del país (…) En Causa en Común siempre hemos señalado que no estamos en contra del Ejército, sino de su uso faccioso para este proyecto político del Presidente, que no responde a las problemáticas que tenemos”.
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