De la revisión a la “prestación de servicios” del Instituto Nacional de Migración (INM), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que la dependencia encabezada Francisco Garduño Yáñez “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables”.
Adjudicar contratos de manera directa sin justificar; contratar a empresas sancionadas y sin haber verificado sus capacidades; irregularidades en solicitudes y pagos de servicios; pasivos sin contabilizar y falta de cumplimiento contractual, son parte de las anomalías detectadas en la auditoría de cumplimiento forense al INM, de las cuales hay un monto de más de 84 millones 721 mil pesos pendientes por aclarar.
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“El deficiente control, administración, supervisión y seguimiento por parte de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, en cuanto a la ejecución de los servicios y resguardo de la documentación comprobatoria y justificativa”, fue la “causa raíz” que el órgano fiscalizador determinó en todas las irregularidades halladas en el instituto.
En el marco de la tercera y última entrega de resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, la ASF encontró, entre otras irregularidades, que el Instituto Nacional de Migración adjudicó contratos sin acreditar los criterios en que se basó para formalizar esa opción de contratación.
Al respecto se estimó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por más de 42 millones 595 mil pesos en pagos que hizo el INM sin proporcionar los formatos de Solicitud de Servicio Grupo Caufi, o la documentación que acreditara la vinculación entre los servicios de instalación de albergues solicitados y los pagados por el instituto por la cantidad de 37 millones 476 mil 933.16 pesos.
Una tragedia que se pudo evitar
La falta de verificación de las capacidades técnicas y humanas de las empresas contratadas necesarias para cumplir con los servicios contratados por el instituto fue otro ejemplo de su deficiente administración.
En ese sentido destaca la contratación del Grupo de Seguridad Privada Camsa, S.A. de C.V., empresa encargada del resguardo en el centro de detención que el 27 de marzo del año pasado se incendió y causó la muerte de al menos 40 personas migrantes y 26 más quedaron gravemente heridas.
El informe de auditoría indica que de dicha empresa se constató que los ingresos que reportó al SAT en su declaración anual fueron menores a los recursos recibidos por el INM, así como el número de trabajadores reportados, el cual para el ejercicio fiscal 2022 fue de 12 trabajadores.
“Cantidad que no corresponde al número de trabajadores que se tenían convenidos para prestar el servicio en los inmuebles del INM”, ni los reportados por la propia empresa al instituto en sus comprobantes de pago de cuotas obrero-patronales ante el IMSS.
Corrupción, fraude y desperdicio
Dentro de las irregularidades en solicitudes y pagos de servicios del INM, la Auditoría señaló que estas carecieron de validación previa, y también se hicieron pagos posteriores al plazo establecido por la legislación aplicable.
“Se realizaron solicitudes de pagos por servicios que a la fecha de la suscripción de dicha solicitud aún no habían sido validados; se realizaron pagos por CFDI posterior a los 20 días naturales establecidos en la legislación aplicable; además, las pólizas presentadas carecen de las firmas y de los nombres de quien las elaboró, revisó y autorizó”, advierte el informe.
Los pasivos no contabilizados y la ausencia de cumplimiento contractual de los contratistas; así como la falta de acreditación de la prestación de servicios, de los cuales no se presentaron los entregables que acreditaran la ejecución de los servicios contratados generó dudas sobre la prestación efectiva de los mismos.
Ante esta situación la ASF urgió al Instituto Nacional de Migración, entre otras recomendaciones a “reforzar la identificación, análisis y respuesta a los riesgos de corrupción, fraude desperdicio y otras irregularidades que atentan contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos”. JND
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