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El dinero público continúa fugándose por las grietas de decenas de obras públicas, casi inauditables, de programas sociales que se ejecutan para combatir la pobreza y hasta por asignaciones para extender la educación universitaria. Prácticamente ninguna de las entidades del país escapa a las irregularidades.
El saldo parcial de la fiscalización que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aplicó a la Cuenta Pública 2016, mediante 502 auditorías, arrojó que las entidades con presuntos daños patrimoniales más elevados son estado de México, con 3 mil 499 millones de pesos; Veracruz, 3 mil 482 millones de pesos; Michoacán, con 3 mil 13 millones de pesos.
Estos son los casos más escandalosos, pero hay otros de menor cuantía, cuyo impacto en el desarrollo económico, social y educativo del país es igual o más grave. La Cuenta Pública 2016 fue el primer ensayo para que el órgano fiscalizadora federal avance hacia un modelo de revisión activo.
Los resultados muestran subejercicios, opacidad y sobrepagos. Hay dinero público etiquetado para abatir rezagos sociales que se pierde en el camino de su ejercicio, afectaciones a la movilidad de los ciudadanos por irregularidades en obras de infraestructura y pagos indebidos a contratistas, por ejemplo, en la magna obra del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
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