Apoco más de un mes de haber tomado protesta como nueva procuradora ambiental, Mariana Boy Tamborrell reconoce que sólo a base de “prácticas corruptivas” e ignorando las resoluciones de la procuraduría que hoy encabeza fue posible el boom de los desarrollos inmobiliarios en la capital. Pero, advierte que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) tiene los “dientes suficientes” para que sus resoluciones sean acatadas y se hagan valer sus objetivos principales: el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la ciudad.
›Hace 20 años, Boy empezó a trabajar a favor del medio ambiente, de la mano de organizaciones civiles y en búsqueda de incidir en las políticas públicas. Fue la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de la Ciudad de México en las pasadas elecciones, pero la derrota no le impidió calificar como el mejor perfil para ser la nueva titular de la PAOT en la administración de su exadversaria en las urnas, Claudia Sheinbaum.
Con el aumento de denuncias que cada año registra la procuraduría y que ha sido sistemático desde 2013 a la fecha, Boy Tamborrell asegura que el diagnóstico con el que recibió la dependencia local la lleva a asegurar que se trata de una institución conocida por buena parte de la ciudadanía y en la que cada vez confía más la gente.
¿Cuáles son las áreas de oportunidad, acciones en el corto y mediano plazo en la PAOT?
—Consolidar y fortalecer los lazos con la ciudadanía, al final del día son nuestros principales aliados. Estamos resolviendo prácticamente todos los asuntos en tiempos, tenemos seis meses para resolver las denuncias; necesitamos más y mejores atribuciones para representar realmente a los ciudadanos: tener una Ley de Responsabilidad Ambiental y de Ordenamiento Territorial que nos permita no sólo sancionar a los infractores, sino que se repare el daño. Que se restituyan en la medida de lo posible estos derechos.
“Es importante que podamos darle personalidad a la procuraduría para intervenir en los acuerdos reparatorios en representación de los ciudadanos, y que podamos acudir a la justicia alternativa. Para eso también se necesitan algunas reformas a la ley, para que el Centro de Justicia Alternativa considere los delitos ambientales como parte de su catálogo para poderlos resolver mediante esta vía”.
¿Ves trabas por parte del Legis-lativo?, ¿hay fechas para aterrizar estos acuerdos?
—No, de hecho, el día que compareció la terna de propuestas para ocupar la titularidad de la procuraduría, yo mencioné la Ley de Responsabilidad Ambiental y fue bien recibida por los diputados; obviamente necesitamos sentarnos y empezar a rebotar ideas para que se pueda concretar, ya existe una ley a nivel federal y necesitamos aterrizarla en la Ciudad de México. En este mes que llevo aquí he estado sentándome con distintas autoridades, en próximas fechas será con el Congreso para empezar a hacer una agenda de trabajo.
“La sanción que hoy reciben los infractores no es fuente para desincentivar que sigan cometiendo estas infracciones, por lo cual es importante esta parte de la reparación del daño; y en este sentido de respetar los derechos y salvaguardar que los ciudadanos sigan gozando de estos derechos, pues se requiere esta reparación del daño”, añadió.
¿Carece de dientes la procuraduría?
—Yo no diría que carece de dientes, en realidad me parece que, en materia inmobiliaria, por ejemplo, tenemos facultades para imponer medidas precautorias que son la custodia del folio real y la clausura, ambas medidas son dientes suficientes para la procuraduría porque implica que el desarrollador no pueda hacer ninguna transacción económica con el desarrollo en cuestión. Son dientes para desincentivar que se siga violando la normatividad de un desarrollo por el uso de suelo.
¿Cuáles son principales problemas que atiende la procuraduría?
—Las que ocupan el primer lugar en número de denuncias son las relacionadas al desarrollo urbano y uso de suelo. (El problema) Lo tenemos principalmente en las alcaldías de Benito Juárez, en Cuauhtémoc y la Miguel Hidalgo; en 2018 se recibieron cerca de dos mil denuncias de esta materia, a lo largo de la historia de la procuraduría hemos custodiado más de 120 folios ante registro público, y hemos presentado cerca de 160 denuncias penales. De estos casos se ha logrado la demolición de ocho inmuebles, sólo en uno se ha ejecutado, los otros están pendientes.
Abundó que “prácticamente la mitad de éstas (denuncias) están relacionadas con construcciones y muchas de estas por niveles excedentes, o porque no respetan la zonificación o carecen de las autorizaciones correspondientes”.
—La segunda materia en la que recibimos la mayor cantidad de denuncias, refirió, es en el tema de maltrato animal, seguido de las denuncias por ruido.
“Hemos recibido a lo largo de 2014 al 2018 más de siete mil denuncias y prácticamente todos los asuntos se han resuelto por cumplimiento voluntario, se hace un acercamiento con la persona denunciada, se verifica el estado del animal, se le hacen las recomendaciones pertinentes, y se le da seguimiento con visitas de verificación. Tenemos poco más de 20 denuncias penales presentadas por maltrato animal”.
¿Las construcciones irregulares son una prioridad en tu plan de trabajo?
—Sí, es una prioridad y gran parte de las estrategias y del programa de trabajo para este año y para esta administración están enfocadas al tema de desarrollo urbano de construcciones irregulares, y buscamos, además de la reparación del daño, trabajar desde un enfoque preventivo. La procuraduría, al igual que otras instituciones, se ha dedicado a sancionar. Tenemos un marco jurídico que nos permite trabajar en este sentido; hoy las empresas tienen la obligación de contar con sus manuales de control organizacional, donde tienen que establecer y prever y todos los delitos que pueden cometer por la naturaleza de su giro, y capacitar a su personal para estar prevenido y evitar la comisión de cualquier delito.
“El mejor estado de derecho no es aquel donde se sanciona al infractor sino en donde no se cometen irregularidades. Tenemos un marco jurídico que nos permite trabajar en este sentido. Desde este enfoque preventivo es donde queremos trabajar con las empresas, con los desarrolladores para ayudarles a tener estos manuales de control organizacional, pero que sepan con toda claridad que la procuraduría va a actuar con las herramientas que tiene a su alcance”.
Y con los polígonos de actuación ¿cuál es el estatus que detectó la procuraduría?
—El común denominador es la poca transparencia con la que se han llevado a cabo la constitución de estos polígonos y tan es así que la Seduvi (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda), ya vimos, trae varios juicios de lesividad que ha iniciado este año. Muchos de estos asuntos ya se han investigado en la procuraduría desde hace mucho tiempo y vemos que justo por esta falta de transparencia o por ser mal constituidos se están llevando estos juicios; la gran mayoría de estos polígonos de actuación no están bien constituidos, son pocos transparentes y no respetan la zonificación del programa delegacional o del programa parcial.
¿Hablamos entonces de un abuso sistemático por parte de las empresas?
—Justo por eso la Seduvi inició todos estos juicios de lesividad. Ha dominado la corrupción en el boom de los desarrollos inmobiliarios, está sustentado por estas prácticas corruptivas. Creo que el gobierno de la Ciudad de México ha mandado un buen mensaje al decir que no más a la ilegalidad con esto de los juicios de lesividad, y esto nos abre la oportunidad en el sentido que sabemos que las autoridades también van a catar con esta línea de trabajo las resoluciones de la procuraduría.
“En administraciones anteriores, las resoluciones de la PAOT no eran acatadas por el Invea (Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México) y demás instituciones, y crememos que este mensaje nos abre una puerta importante de colaboración y de trabajar coordinados con estas dependencias de gobierno, pues tenemos como toda la certeza de que van a actuar y acatar las resoluciones”.
¿Eso quiere decir que la atención será por igual?
—Nuestro trabajo y principal función es atender y ser una autoridad garante de los derechos humanos; en ese sentido tenemos que trabajar de la mano con los ciudadanos, nuestras resoluciones e investigaciones van enfocadas a verificar que los particulares cumplan con la normatividad, y también las autoridades. Somos una procuraduría que sí revisa que las autorizaciones de permisos estén otorgados conforme a derecho, es algo que no hace ninguna otra procuraduría ambiental del país, normalmente las procuradurías ambientales verifican que los hechos, las actividades que se están haciendo en campo coincidan con lo autorizado. Nosotros primero verificamos que esas autorizaciones estén emitidas con apego a la ley y, en suma, que las actividades que se están realizando estén apegadas a derecho también.
¿Cómo ha sido la transición de la sociedad civil al ámbito gubernamental?
—Mi origen viene de las organizaciones no gubernamentales, donde normalmente se trabaja de la mano con los ciudadanos, entonces trabajar aquí de la mano con los comités vecinales, recibir sus denuncias, y actuar en densa de sus derechos es algo con lo que nací profesionalmente. Me siento bastante cómoda en ese sentido, con mucha experiencia y creo que la PAOT es una institución muy noble, muy respetada, con la capacidad y todo el empuje para dar mejores resultados.
Nunca he sido militante, fui candidata del partido (PVEM) y colaboré muchos años; mi objetivo profesional siempre ha sido el medio ambiente y en favor de los ciudadanos”.
Mariana Boy Tamborell (23 de marzo de 2019).
Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
