Redacción ejecentral
El sector patronal criticó el rezago legislativo para integrar las fiscalías del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y urgió al Senado a que el proceso para ratificar a los magistrados se abra al escrutinio y participación social, bajo el esquema de Parlamento Abierto.
Este lunes, junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Senado que el proceso de ratificación de los magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se abra al escrutinio y participación social, bajo el esquema de Parlamento Abierto.
En un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calificó de inadmisible la intención del Congreso para sujetar a los tiempos y resultados de las elecciones del próximo 4 de junio el proceso legislativo que tiene que ver con el cambio estructural que dará herramientas para un combate eficaz a la corrupción y la impunidad.
El sector patronal criticó a los legisladores por ignorar las exigencias de la sociedad al no convocar a un periodo extraordinario de sesiones en el cual se aprueben las leyes que permitan ir a fondo en el combate a la inseguridad, la corrupción y la impunidad.
El proceso de ratificación de los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que fueron propuestos por el Ejecutivo está inconcluso.
Para que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) funcione adecuadamente, es necesario que los Magistrados sean figuras verdaderamente autónomas, independientes, imparciales y ajenas a cualquier conflicto de interés, además de ser implacables contra los actos relacionados con sanciones administrativas y de corrupción.
Entre las funciones de los magistrados estará el juzgar las responsabilidades administrativas graves que cometan servidores públicos y particulares, así como fijar las sanciones y reparaciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten al patrimonio público.
A solamente 57 días de la fecha límite para que esté listo y en operación el Sistema Nacional Anticorrupción, como lo establece la Ley que lo creó, sigue en el limbo el proceso para conformar las instituciones que son pieza fundamental en el combate eficaz a la corrupción, como lo son: la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.
La Coparmex señaló que durante los meses de mayo y junio redoblaran los esfuerzos de sus centros empresariales en el país para impulsar discusiones en los Congresos locales donde aún no se ha legislado, así como la participación en los procesos de nombramientos para constituir en tiempo y forma los Sistemas Locales Anticorrupción.
La iniciativa privada demandó a los legisladores estatales voluntad política para promover las iniciativas de reformas constitucionales y legales, y para que aceleren el proceso de publicación de los decretos aprobados en los Congresos y con ello se pueda avanzar en la conformación de los Sistemas Anticorrupción Locales y otorgar con ello real autonomía a las entidades estatales de fiscalización, como lo son: las contralorías, las auditorías y los órganos internos de control.
Finalmente, los empresarios afirmaron que el combate a la corrupción y la impunidad no es tarea de un solo gobierno o del Congreso, sino que es un esfuerzo de la Nación en su conjunto, de una sociedad que exige una transformación profunda de la vida pública de México.
Agregaron estar decididos a que el país deje atrás las prácticas generalizadas e impunes de corrupción que prevalecen en los gobiernos, y avancemos en forma acelerada e irreversible hacia una nación donde el servicio público se ejerza con rectitud ética y en beneficio de la población. MR |EC
