Unas horas después de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron que es constitucional la consulta popular sobre el posible enjuiciamiento de expresidentes, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció al respecto.
La organización del sector empresarial señaló que respeta la determinación de la mayoría de ministros del Pleno, pero que no comparte la misma. De esta forma se fortalece el estado de derecho pese a disentir con la resolución, refirió.
Y argumentó que “el cumplimiento de la ley no debe estar sujeto a la consulta o decisión popular”.
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Además, se manifestó que se violentan los artículos 13 y 35 de la Constitución y se incurre en un desvío de poder contemplado en la jurisprudencia internacional, tal y como lo han puntualizado “muchos juristas”.
Para Coparmex la realización de la consulta ciudadana requiere del “derroche” de recursos económicos, un gasto que catalogó como innecesario. En este sentido, se indicó que existen “otras necesidades”, las cuales deben ser atendidas por el gobierno federal antes.
La organización empresarial aseveró que el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, a quien le fue turnada la propuesta del presidente y quien la declaró constitucional, debió mantenerse porque se fundamentó en “los derechos fundamentales que consagra la Constitución”. GA
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