El próximo martes 2 de mayo, universidades públicas y privadas, tecnológicos y otras instituciones de investigación y educación superior del país podrían estar cerradas, si es que tiene éxito la convocatoria que hicieron un grupo de académicos a título personal para protestar por la aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, impulsada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
La propuesta de hacer un paro de labores de 24 horas tiene el objetivo de protestar porque la implementación de la iniciativa, señala el desplegado que circula desde esta mañana en redes sociales, implicaría “retocesos al desarrollo científico, restricciones a la libertad de investigación, autoritarismo, discriminación, reducciones presupuestales”; además, señala el documento, la iniciativa tiene errores de técnica jurídica y “atenta contra derechos laborales y normas académicas”.
De acuerdo con la Asociación Mexicana para el Avance de la Ciencia (Amexac), dedicada a “crear y reforzar lazos entre el conocimiento científico y la toma de decisiones”, en cuanto la iniciativa de ley llegó al Senado de República fue turnada a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos Segunda.
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Este procedimiento coincide con lo ofrecido ayer por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien dijo que las diversas iniciativas que se aprobaron en la Cámara de Diputados entre el miércoles y el jueves serían analizadas y discutidas, aunque al menos una de ellas, la que se refiere al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), iba a ser votada hoy.
Sus palabras fueron interpretadas por quienes se han opuesto a la que llaman “iniciativa de Conacyt”, como que existe la posibilidad de que el Senado organice los foros a los que se habían comprometido los diputados como parte de un Parlamento Abierto.
Amexac, que no participa en la convocatoria del paro, hace un llamado “a la comunidad científica del sector público y privado, así como a la ciudadanía a entablar comunicación con las comisiones antes mencionadas y con sus integrantes”.
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