El gobierno federal publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación un decreto para que los convenios de colaboración en materia de bienes o servicios de atención a la salud puedan realizarse sin regulación alguna.
El decreto agrega dos párrafos al artículo 4 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, instrumento que regula las compras y contratos que realizan los gobiernos federal y locales.
“Los convenios de colaboración en materia de bienes o servicios de atención a la salud que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, no estarán sujetas a la aplicación de la Ley”, refiere la primera parte del párrafo incorporado.
“En el supuesto a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, los procedimientos de contratación con terceros y la ejecución de los contratos celebrados con estos, se rigen por las disposiciones de la Ley y el presente reglamento”, aclara el segundo párrafo añadido.
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La Constitución y las leyes que regulan las compras de gobierno destacan la importancia de otorgar los contratos de bienes y servicios bajo un criterio de competencia, en el que se elige al participante que ofrezca la mejor propuesta en términos de precio y calidad.
En tal sentido y para evitar actos de corrupción, las leyes disponen que los contratos gubernamentales se adjudiquen a través de licitaciones públicas y sólo excepcionalmente por adjudicación directa.
En el entendido de que los convenios de colaboración entre entidades de gobierno no tienen un afán de lucro, la ley hace excepciones y dispone que no es necesario licitar ni concursar.
El decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial busca facilitar el intercambio de bienes y servicios entre entidades públicas de salud, bajo el supuesto de que no ninguna de las partes busca hacer negocio.
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Sin embargo, esas excepciones son las que han dado lugar a actos de corrupción, como es el caso de la Estafa Maestra.
Bajo este esquema detectado durante el gobierno del presidente Peña Nieto, las universidades públicas ofrecían bienes y servicios a instituciones de gobierno (principalmente a las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano) sin ser regulados por la ley ni someterse a concurso, toda vez que se trata de instituciones públicas.
Sin embargo, como lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dichas universidades que no tenían la capacidad técnica ni material para brindar esos servicios, terminaban subcontratando a terceros.
Así, las empresas particulares subcontratadas, al final no proveían ni los bienes ni los servicios a los se comprometieron, por lo que se presume que el dinero terminaba en manos privadas o en actividades proselitistas.
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En esta ocasión, el decreto publicado por la Presidencia de la República y por la Secretaría de la Función Pública, se produce en momentos en que las autoridades de salud buscan proveer al IMSS-Bienestar de los recursos materiales necesarios para brindar atención médicas a los mexicanos que carecen de seguridad social.
Como se recordará, las personas sin seguridad social eran atendidas por el Seguro Popular, instancia que fue desaparecida para dar lugar al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
En 2022, el Insabi fue declarado extinto y ahora se busca dar forma al IMSS-Bienestar como la instancia que hará las tareas que tenía el Seguro Popular.
De acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), alrededor de 50 millones de mexicanos no cuentan con seguridad social.
De acuerdo con organizaciones sociales que vigilan el presupuesto, el resto estará en vigilar que las entidades públicas que se apeguen al nuevo párrafo no terminen subcontratando a particulares o busquen la forma de eludir las licitaciones para beneficiar a terceros.
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