Los contratos, las auditorías y los expedientes confidenciales de la Distribuidora y Comercializadora S.A. (Diconsa) los desapareció el fuego.
De acuerdo a una respuesta otorgada por la paraestatal a una solicitud elaborada por ejecentral, el 17 de abril de 2016 un incendio consumió 99% de sus archivos —14 mil 505 cajas correspondientes al periodo 1990 a 2016— y a pesar de ello ni la fiscalía de la ciudad de México ni la general de la República saben cuál es el estado legal que guarda la carpeta de investigación CI-FIZC/IZC-2/UI-2S/D/00484/04/2016 que se abrió por la pérdida de 26 años de archivos de la dependencia encargada de mejorar la seguridad alimentaria de 24 millones de mexicanos que habitan en 84 mil 722 localidades de alta y muy alta marginación por medio del Programa de Abasto Rural (PAR).
En el siniestro se esfumaron documentos fundamentales, como inspecciones ejecutadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por la Secretaría de la Función Pública (SFP), hasta expedientes reservados o confidenciales, así como la información de compras de la red de abasto más grande del país de frijol, arroz y azúcar y que fue el proveedor, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, del programa Comedores Comunitarios que operó la Secretaría de Desarrollo Social.
Pero perder la mayoría de su acervo no salvó a Diconsa de ser detectada por la inspección de la ASF. El ente fiscalizador señaló que en las cuentas públicas de 2014 y 2017, la paraestatal empleó un mecanismo en el que la adjudicación directa fue el esquema utilizado para asignar contratos entre dependencias de la administración pública que en última instancia subcontrataban a empresas privadas y que dejó un saldo de 513 millones 400 mil pesos que Diconsa tiene pendiente por comprobar.
Ahora, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Diconsa pasó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y con ello será uno de los brazos abastecedores del organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que tiene por objetivo procurar que la población adquiera alimentos a precios accesibles, así como vender y distribuir semillas mejoradas y fertilizantes que eleven la productividad de un sector olvidado desde hace muchos años: el campo mexicano.
Contratos en ceniza y reservados
Este periódico semanal solicitó las versiones públicas de los contratos suscritos con Grupo Agroindustrial GAAM de 2012 a 2018, ante lo cual Diconsa informó que los suscritos en 2012 y 2013 se perdieron en el incendio ocurrido en abril de 2016.
En cuanto a los contratos celebrados del 2014 al primer trimestre de 2015, la paraestatal otorgó cinco versiones, pero reservó los montos totales, así como los precios unitarios, decisión que confirmó el Comité de Transparencia de la dependencia y que se sustentó en el artículo 113 fracción V y XIII de la Ley General de Transparencia, pues al dar a conocerla, argumentaron, arriesgarían a “un sinnúmero de personas físicas de comunidades marginales”.
“El conocimiento público de la información relativa a las cantidades y precios unitarios, limitaría las negociaciones con proveedores y tendrían un efecto encarecedor en los precios de compra para Diconsa ante la posibilidad real, cierta y presente de que los demás clientes a quienes venden sus productos nuestros proveedores, exigieran cuando menos el mismo precio que el otorgado a Diconsa”.
Con ello se ocasionaría un grave daño a las compras que en un futuro realizará la dependencia que es pieza clave del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), pues de acuerdo a su criterio se traduciría en mayores precios y mayor gasto en la compra del insumo.
Sobre los contratos suscritos de abril a mayo de 2015, y de 2016 a 2017, Diconsa dijo que se pueden consultar en la página https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web, pero al acceder sólo hay mil 260 registros de contratos, ninguno de los firmados con Grupo Agroindustrial, que no pueden ser consultados ya que se les está elaborando una versión pública que aún está en revisión.
Millones por aclarar
A
la ASF le bastó sumergirse a dos cuentas públicas para detectar irregularidades en los convenios firmados por Diconsa. Son anomalías efectuadas al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones y el 4 de su reglamento en los que subcontrató a terceros, lo que se tradujo en
513 millones 400 mil pesos pendientes de aclarar.
En 2014, firmó 12 convenios específicos en los que no pudo acreditar que se contrataron las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. El saldo son 134 millones 800 mil pesos que todavía están por recuperarse.
El esquema fue el siguiente. Diez de los 12 contratos se suscribieron con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por medio del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT-UAEM) para que realizara “Mantenimiento, Capacitación, Mejora Continua y Soporte Técnico” y de “Servicios Profesionales y Administrativos de Consulta para Apoyar Diversas Actividades de Diconsa” por un monto total de 392 millones 655 mil 900 pesos.
Pero el FONDICT-UAEM no tuvo la capacidad técnica, material y humana para cumplir con los trabajos por lo que subcontrató hasta en un 95.4% por medio de empresas y personas físicas, lo que llevó a que la Auditoría Superior de la Federación realizara una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control de Diconsa investigue la anomalía.
Mal proveedor
En el onceavo contrato suscrito en 2014 sumó otra irregularidad. En éste, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y Diconsa suscribieron un convenio por un monto de 498 millones 553 mil 900 pesos para la compraventa y distribución de artículos escolares. Para cumplirlo Diconsa subcontrató por 432 millones 535 mil 500 pesos a Grupo Drakir, S.A. de C.V, que tampoco tenía la capacidad técnica para dar el servicio y terminó por subcontratar a INTERIORIENT y BACO para que proporcionara los útiles escolares, que en primera instancia debía haber entregado Grupo Drakir. Como proveedor Diconsa no tuvo capacidad para entregar un bien.
Al final, la ASF dictaminó que Diconsa no presentó evidencia de la recepción de bienes inscritos en 12 pedidos firmados y autorizados por 98 millones 567 mil pesos, adquiridos por Grupo Drakir, por ello le solicitó a la paraestatal que aclare y proporcione la documentación que la justifique. En tanto que advirtió, en ese año, un presunto daño a la Hacienda federal por 109 millones 721 mil 413.09 pesos por concepto de falta de evidencia de la recepción de los bienes.
También en 2014, Diconsa sostuvo un contrato con la Conafe para equipamiento para el instructor comunitario por 53 millones 348 mil 900 pesos. Por ello la paraestatal contrató por adjudicación directa a Elmeca S.A. de C.V. por 51 millones 297 mil 400 pesos para dotar de 87 mil 593 playeras tipo polo, 42 mil 304 chamarras y 42 mil 304 mochilas.
Elmeca, a su vez, subcontrató a Tecnoimagen Corporativo por 31 millones 444 mil 900 pesos, es decir, pagó en exceso 21 millones 904 mil pesos, 41.5% arriba del precio ofertado por Conafe a Diconsa.
“Diconsa no se ajustó a la normativa federal emitida para tal fin, ni garantizó las mejores condiciones para la Federación, ya que la adjudicación a la empresa Elmeca no se fundó y motivó en los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que garantizaran mejores condiciones al Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, determinó la ASF.
Es decir, transgredió el artículo 134 constitucional, los 1, 24, 26 y 41 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y el 4 y 66 de su reglamento; así como el artículo 1, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Tres años después, a pesar de que el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM (FONDICT-UAEM) y el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ITSCO) declararon tener capacidad técnica, material y humana para ser contratadas por Diconsa, subcontrataron al 100% a terceros sin la autorización y, en un caso, ante la omisión de la paraestatal.
Con el FONDICT-UAEM, la ASF detectó al realizar una visita domiciliaria, que el Fondo no logró acreditar su participación en el servicio por el que le pagó Diconsa. Así se reveló la subcontratación a Personal Som Kan, S.A. de C.V. y a IT Soluciones y Administramos, S.A. de C.V. por 60 millones 554 mil 300 pesos y 136 millones 346 mil 700 pesos, respectivamente, es decir, un total de 196 millones 901 mil pesos por servicios que no eran necesarios.
A Personal Som Kan no se le encontró en su domicilio y declaró un ingreso menor al obtenido por la subcontratación.
IT Soluciones y Administramos prestó servicios por 112 millones 913 mil 400 pesos, de los más de 136 millones que cobró, por lo que se benefició con 23 millones 433 mil 300 pesos. Diconsa tiene 378 millones 600 mil pesos por aclarar.
OPACIDAD. En una página referida al INAI sólo se pueden consultar mil 260 registros de contratos firmados desde 2015 a 2017.
Entre el fuego y el extravío
La tarde del domingo 17 de abril de 2016 parecía rutinaria. El policía del Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del estado de México, David Montiel Díaz, terminó de realizar su tercer recorrido por el inmueble Tezontle, en el que desde 1992, Diconsa guardó su acervo documental.
A las 13:30 horas, Montiel Díaz se percató que al fondo del archivo, del lado derecho, emergía humo oscuro y advirtió fuego. Intentó auxiliarse con un extintor, pero las llamas se lo impidieron.
“Inmediatamente intentó comunicarse con su superior jerárquico desde el teléfono que se encontraba en la caseta de vigilancia, percatándose de que no había línea, por lo que salió de las instalaciones del inmueble para entablar comunicación con el comandante Felipe Rojas Jardines, quien le instruyó salvaguardar en todo momento, su integridad física y seguridad personal.
“Al regresar a la bodega, el cuerpo de bomberos de la delegación ya había iniciado con el combate del incendio intentando sofocar el fuego sin obtener un resultado favorable, ya que éste se había propagado a casi en la totalidad del interior de la nave. (…) El siniestro se convirtió en incontrolable, de tal manera que cubrió al 100% el inmueble destinado al archivo de concentración”, se narra en el Acta del Siniestro de la cual tiene copia ejecentral.
A las 22:05 horas de ese día, el policía acompañado por el apoderado legal de Diconsa compareció ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación No.2, en Iztacalco para presentar la denuncia de hechos; generó la carpeta de investigación CI-FIZC/IZC-2/UI-2S/D/00484/04-2016.
“Los firmantes hacemos constar expresamente que hemos verificado las condiciones en las que se encuentra el almacén conocido como Tezontle después del incendio ocurrido, y como lo refiere el hecho sexto todo quedó reducido a cenizas”, declararon Francisco Rafael Yglesias Fuentes, gerente de Adquisiciones y Responsable del área coordinadora de Archivos; Andrea Lizbeth Soto Arreguín, subgerente técnica y representante del Órgano Interno de Control; Noella Domínguez Jaimes, coordinadora de Archivo; Adrián García Roldán, responsable del Archivo de Concentración y David Montiel Díaz, elemento de Seguridad y Vigilancia.
ejecentral solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que informara el estado legal de la carpeta de investigación; la dependencia local respondió por medio del oficio SAPD/300/CA/2151/2018-11, suscrito por Ana María Martínez Juárez, agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas que la carpeta se remitió a la entonces Procuraduría General de la República hoy Fiscalía General de la República (FGR). También se le pidió la misma información a la FGR, quien señaló que sólo se encarga de investigar y perseguir delitos federales, por lo que la FGJCDMX era la encargada de hacer las pesquisas en el caso. 1
La Auditoría Superior de la Federación señaló en las cuentas públicas de 2014 y 2017 que Diconsa empleó un mecanismo que dejó un saldo de 513 millones 400 mil pesos pendientes por comprobar.
