@hjvillarreal
Desde su atril, cada mañana, el Presidente descalifica, fustiga y amenaza. A veces con uno que otro argumento, otras veces no. Su objetivo, arrasar o intimidar aquello que lo contradice, que forma parte del lado oscuro de su relato, que está entre él y el “pueblo” o que percibe ajeno al guion llamado Cuarta Transformación y, por tanto, estorba el cumplimiento de alguna de sus profecías.
Clientes frecuentes de la embestida matutina son los organismos autónomos, los años transcurridos entre el sexenio de José López Portillo y el actual, los funcionarios públicos con solvencia técnica en alguna materia, los sujetos que encajen en estereotipos como fifí o conservador, los otros partidos políticos, en fin. Esta semana fueron blancos recurrentes la sociedad civil (enviada toda al purgatorio del “conservadurismo”) y el Senado de la República. Este último por la negativa de la oposición a aprobar la reforma constitucional, como él la quiere, que militariza el combate a la inseguridad con una Guardia Nacional.
Es chocante y poco exacta la comparación del proceso político de Venezuela con el de México, de ello suelen abusar los opositores a López Obrador. Sin embargo, sí es útil observar experiencias ajenas. En días pasados, la periodista venezolana, Cristina Marcano, coautora de una biografía de Hugo Chávez, dio cuenta en un buen artículo en El País (https://bit.ly/2RQwOut), del proceso que hizo del ejército venezolano la clave para la supervivencia del régimen que hoy encabeza Nicolás Maduro.
Marcano describe que desde 1999 Chávez introdujo a los militares en la administración de recursos públicos “con poca o ninguna transparencia” en áreas clave como la tesorería nacional, las importaciones, la construcción de obras, el transporte, los puertos y aeropuertos y el servicio eléctrico, entre otros sectores. Apunta que el fallecido comandante creó una “estructura con nuevas autoridades militares en todo el país… subdivididas en zonas (o áreas) de defensa integral donde muchos jefes se comportan como caciques… y dispuso el adoctrinamiento ideológico en la academia militar”, donde se impusieron héroes a los reclutas y les exigió “casarse con su proyecto político”. Todo en un país que tiene hoy “los servicios más precarios de América Latina y la mayor tasa de criminalidad del continente”.
Se prevé que este jueves se discuta en el pleno del Senado mexicano la Guardia Nacional que quiere el Presidente y su insistencia de llevar a la Constitución la participación militar en la tarea, hasta hoy asunto civil, de la seguridad pública. La incursión militar en otros nuevos sectores está también en curso, por voluntad presidencial.
Los soldados y marinos mexicanos han hecho un trabajo valiente, heroico en muchos casos, para enfrentar a criminales y pacificar regiones enteras del país. De ello no hay duda, pero de ahí a que el único modelo posible de construcción de paz sea el que AMLO busca imponer, hay gran distancia.
La oposición ha aclarado que su resistencia no es ante la capacidad de los militares, sino contra la imposición de un diseño institucional que expresa poco compromiso democrático, desinterés en fortalecer las policías y nulo aprecio por los datos, el análisis y las propuestas generadas por especialistas, organismos internacionales y sociedad civil.
López Obrador advirtió ya en sus diatribas matinales que va a “hablar con claridad para que los ciudadanos sepan quiénes votaron a favor y quiénes en contra”. Es decir, que habrá insultos, acusaciones e imputaciones de culpa por la creciente criminalidad contra los senadores que disientan de la voluntad presidencial. Veremos muy pronto cuántos resisten la amenaza.
