Contra la obesidad, insuficientes la austeridad y dietas

El miércoles 8 de enero de 2020, el entonces secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, presentó en México un estudio que refería el lamentable papel que el país ha tenido en el combate contra la obesidad.

México estuvo de manera consistente en el último o los últimos lugares en los indicadores de este problema de los 36 países que integraban entonces la Organización (actualmente son 38), lo cual implica que la población se encuentra en mayor riesgo de padecer diversos problemas de salud, en especial diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Más lamentable es que, según el estudio La pesada carga de la obesidad (Heavy Burden of Obesity) realizado por la OCDE, entre 1996 y 2017 la tasa de obesidad infantil en México se duplicó, del 7.5 % al 15 %.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut-2019) la prevalencia nacional de sobrepeso en el rango de edad de 5 a 11 años fue de 18.8 % en promedio, el problema afectó menos a los niños (16.6 %) que a las niñas (21.2 %); pero la prevalencia de obesidad, que es de 18.6 % para ese rango de edad, afectó más a niños (23.8 %) que a niñas (13.1 %).

La Ensanut señala que, al comparar esas prevalencias con las de años anteriores, “no hay una diferencia en la prevalencia de obesidad nacional, y una leve disminución en la de sobrepeso nacional”.

Curiosamente, en diversas ocasiones las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS y OPS, respectivamente) han reconocido a México como un país ejemplar en la lucha contra la obesidad, desde 2014, cuando se instituyó un impuesto a las bebidas azucaradas, hasta el 10 de febrero de este año, cuando se prohibieron las grasas trans en los alimentos.

Estas medidas, junto con el etiquetado frontal de advertencia que se dio en 2020, han demostrado ser por sí solas insuficientes en el combate a este complejo problema, no sólo al comparar cifras de México sino de acuerdo a diversas investigaciones a nivel internacional; de hecho, hay quienes dicen que sólo son medidas simples y baratas que no atacan el problema de fondo pero son convenientes políticamente.

Lo barato también pesa

El estudio de la OCDE, que fue presentado en un seminario DE la Secretaría de Economía, añadía que en los próximos 30 años los problemas asociados al sobrepeso y la obesidad, desde los sanitarios hasta las pérdidas en la fuerza trabajo, le costarán anualmente a los países de la OCDE una disminución promedio del 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB), y en el caso de México la pérdida ascenderá al 5.3 %.

El entonces subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo, dijo entonces que “5.3 % del PIB equivale… a 1.3 billones de pesos. Esta cifra es superior… al presupuesto total del ISSSTE y del IMSS juntos; es 10 veces superior al presupuesto de la Secretaría de Salud”.

El estudio también llegó a la conclusión de que “por cada dólar invertido en la prevención de la obesidad, se devolverán hasta 5.6 dólares en beneficios económicos totales cada año”. Aun así, en el Seminario Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, Efectos sobre la Competitividad del País no se dijo cuánto se pensaba invertir en prevención, ni siquiera ante preguntas expresas.

El escaso efecto de la carga impositiva

Se considera que los problemas del sobrepeso y la obesidad en México se potenciaron a partir de 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que dio entrada a la gran industria alimentaria, conocida como Big Food, con sus productos ultraprocesados, entre ellos bebidas carbonatadas y endulzadas o refrescos.

Este no ha sido, por supuesto, un problema exclusivo de México y una de las medidas que se usan para combatirlo ha sido poner un impuesto adicional a los refrescos. Para 2014, cuando esta medida se tomó en el país ya estaba implementada en otros 35 estados y actualmente la OMS la recomienda, aun cuando tal parece que su efectividad es limitada.

Un estudio, publicado en enero de este año en la revista PLOS Medicine y realizado por un equipo de la Universidad de Cambridge, encontró que en Inglaterra el impuesto a las bebidas carbonatadas y azucaradas ayudó a que 8 % de las niñas de seis años del país no tuvieran problemas de sobrepeso y obesidad, pero no parece haber tenido efecto alguno en los niños de la misma edad.

Este resultado es similar a lo que se observó en México, donde un estudio publicado en febrero de 2022 encontró que “el aumento de los precios de las bebidas azucaradas se asoció con una disminución de la prevalencia de sobrepeso u obesidad entre las niñas, pero no entre los niños”.

“Las mejoras en los resultados fueron pequeñas y se observaron principalmente en niñas con mayor peso y en ciudades donde los aumentos de precios después del impuesto fueron superiores al 10 %” agrega el estudio publicado en el Journal of the American Medical Association.

Por cierto, el diseño impuesto en México fue distinto al que se hizo en Gran Bretaña, pues no tenía costo para la industria, sólo para los consumidores, lo que dio como resultado que el impuesto de 10 % se tradujera en aumentos de 16.5 % en promedio en los precios de venta, y que hubiera pocos incentivos para que las empresas cambiaran sus formulaciones.

Las investigadoras (del CIDE, la Universidad Estatal de Arizona y la RAND Corporation) que hicieron el estudio sobre México señalan que sus resultados no necesariamente se pueden atribuir al impuesto, pues en el tiempo que este entró en vigor el gobierno llevó a cabo otras acciones, como la regulación de la alimentación no saludable en las escuelas y campañas de publicidad; además pudieron haber influido las estrategias de marketing de fabricantes y vendedores.

La insuficiencia del etiquetado

“El etiquetado de alimentos es una de las regulaciones menos exitosas para frenar la obesidad, ya que no altera los patrones de consumo en personas con bajos recursos económicos o en la mayoría de los adolescentes”, concluye un equipo de investigación, encabezado por Cipatli Ayuzo del Valle del Tecnológico de Monterrey, en una publicación de la revista Salud mental del segundo bimestre de 2022.

Las investigadoras llegaron a esta conclusión a partir de un metanálisis sobre las investigaciones publicadas sobre los efectos de la implementación del etiquetado frontal de advertencia en distintos países, ya que esta medida se propuso en México en octubre de 2019, se aprobó en la Norma Oficial Mexicana 51 (NOM-51) en marzo de 2020 y entró en vigor en octubre de ese mismo año.

Esta conclusión parece confirmarse en otro estudio publicado en la Revista de Investigaciones de la Universidad del Quindío en marzo de 2021, donde 87.5 % de las personas dijo haber notado las etiquetas; sin embargo, “no se sienten motivados a cambiar sus hábitos y a dejar de comprar dichos productos”, reportan las autoras de la investigación, de la Universidad Autónoma Metropolitana.

“Por otro lado, hay un efecto positivo de los sellos, en el sentido de que han hecho conscientes a los consumidores (40.7 %) de que algunos productos que consideraban sanos, realmente no lo son”. Una mayoría añadió que en su opinión “una buena alimentación no implica consumir únicamente productos que no contengan sellos”.

Pero la mayoría (63.2 %) de los entrevistados consideró que “los sellos de advertencia no son una buena medida para combatir la obesidad y el sobrepeso”, ni para mejorar la alimentación de los mexicanos (63.3 %)”, a lo que añaden que “con el tiempo los consumidores se acostumbrarán a los sellos y no los tomarán en cuenta en sus decisiones de compra”.

Los resultados coinciden con lo que se ha visto en otros países, pero difieren con lo encontrado en otros dos países latinoamericanos.

En Uruguay se encontró que 77 % de los participantes había visto el etiquetado y 58 % dijo que eso había cambiado su decisión de compra. En Chile se demostró en 2019 que no sólo los consumidores habían modificado sus decisiones, sino que la industria había modificado sus productos para que no tuvieran sellos.

Epílogo de las otras medidas

El equipo de Ayuzo del Valle, que incluye investigadoras de las universidades Anáhuac Querétaro y Autónoma de Guadalajara, de la clínica Trastornos de la Conducta Alimentaria en León y del Centro Médico ABC, señala que si bien el etiquetado de advertencia no funciona por sí mismo, “otras metodologías en las cuales el etiquetado se acompaña con educación nutrimental, disposición de alimentos, actividad física y aceptación corporal reportan mejores resultados en la salud nutricional general”.

Un comentario editorial publicado en la revista The Lancet en noviembre de 2022 recuerda que en 2020 Gurría propuso que se hiciera un paquete de políticas de salud integral, con regulaciones del mercado de alimentos, impuestos en productos con alto contenido energético, prescripción de actividad física y subvención de los alimentos saludables.

A lo que los autores del comentario, de la Universidad de Harvard y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, agregan que hay que: mejorar la “inadecuada” infraestructura de agua potable, “abordar la atención insuficiente o no capacitada de la obesidad”, que en México incluye la ausencia de regulación de las clínicas de adelgazamiento, del uso de medicamentos peligrosos y de los procedimientos de cirugía bariátrica, entre otros.

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