A 10 años del surgimiento de los grupos de autodefensas en la región de Tierra Caliente en Michoacán, la zona “crucial” para el tráfico de drogas y otros delitos, se mantiene como una de las más violentas del país, además de que en 2021 registró la mayor cantidad de víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo con un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC por sus siglas en inglés).
La investigación que por una década implicó el informe Diez años de vigilantes: Las autodefensas mexicanas, concluye que los niveles de conflictividad en el estado muestran “que las autoridades no han encontrado estrategias para reducir la violencia sistémica”, ni tampoco han evitado la fragmentación de estos grupos en la región.
El informe evidencia que Tierra Caliente se ha mantenido durante la última década dentro de las cinco regiones más violentas del país, al alcanzar en 2022 una tasa de homicidios de 51 por cada 100 mil habitantes, además de que un año antes, en 2021, ocupó el primer lugar con el mayor número de personas víctimas de desplazamiento forzado interno, con un registro de 13 mil 515 desplazados.
Sin embargo, apenas en enero de este año el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla presumió que según información del Grupo de Inteligencia Operativa de la región Apatzingán, la incidencia de homicidios dolosos en los municipios que conforman la región de Tierra Caliente habían disminuido en más de un 50 %, al pasar de 111 carpetas de investigación por ese delito en 2021 a 55 expedientes en 2022.
Sobre ese “repentino descenso”, la investigación señala que puede tratarse de un efecto en el corto plazo derivado del hecho de que las autoridades delegan las tareas de las autoridades para garantizar justicia y seguridad a los “jefes locales” de los grupos de autodefensas.
No obstante, se advierte que “la consolidación del poder de estos líderes informales deslegitima al Estado como único garante del orden y la seguridad, y exime a las autoridades de sus obligaciones frente a la ciudadanía”.
Lo cual implica, según los resultados de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, que la permanencia de estas relaciones entre autoridades, actores criminales y grupos civiles armados “producen una constante inestabilidad que supone grandes retos a las estrategias de seguridad pública, prevención y reducción de la violencia a nivel local”.
