Consolida Congreso de la CDMX recorte al Poder Judicial
El recorte presupuestal incluye al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Judicatura, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y al Tribunal Electoral
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un recorte presupuestal al Poder Judicial capitalino por 396.2 millones de pesos, con lo que se busca contribuir a dar un balance presupuestal considerando la asignación de recursos extraordinarios para entrega de apoyos ante la contingencia sanitaria.
La propuesta enviada por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum contó con el voto a favor de 52 diputados y nueve en contra, con lo que se reformó el artículo 10 del decreto del Presupuesto de Egresos de 2020.
Entre los órganos autónomos afectados por esta iniciativa se encuentran el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
De acuerdo con la diputada Guadalupe Morales Rubio, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la CDMX, esta iniciativa permitirá hacer frente a la reducción de la recaudación de este año.
La legisladora indicó que la recaudación durante 2020 sufrió una caída de 9.6 por ciento, que equivale a cerca de 23 mil millones de pesos, por lo que este ajuste es imprescindible.
Refirió que el Gobierno de la Ciudad de México requiere una asignación de recursos extraordinarios para solventar la entrega de apoyos como Mercomuna, kits médicos, apoyos económicos a estudiantes, a trabajadores no asalariados, personas desempleadas, créditos a tianguistas, pequeñas y medianos empresarios, entre otros.
Para justificar esta reducción presupuestal a órganos autónomos, la legisladora apelló a la Ley de Austeridad, que refiere que el presupuesto de los poderes, alcaldías y todo organismo autónomo está sujeto a las previsiones de la Hacienda Pública.
Legisladores del PAN se pronunciaron en contra de esta iniciativa al considerar que se trataba de una ilegalidad parlamentaria carente de rendición de cuentas y una violación a la división de poderes. CJG
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