@lorena_becerra
El caso Tlatlaya pone de manifiesto una de las principales dificultades que existen en la arena de combatir al crimen y mantener el orden: la dinámica suma cero entre la protección de los derechos humanos y la fortaleza de los cuerpos de seguridad para combatir con eficacia a los delincuentes. Este episodio es muy desafortunado ya que involucra entre 8 y 15 posibles ejecuciones extrajudiciales y 3 casos de tortura, por lo que no debería ser emblemático para juzgar a las fuerzas armadas. No obstante, la forma en que se resuelva tendrá un impacto en la imagen que tengan el Ejército y las autoridades ante la población, así como en el estatus de los derechos humanos en el país.
La opinión pública en nuestro país tiene una percepción negativa respecto a la protección de los derechos humanos. La encuesta de Octubre de 2014 elaborada por BGC señala que el 91% de la población considera que los derechos humanos se respetan poco o nada en el país, en comparación con 82% durante el sexenio anterior. El 47% de la ciudadanía manifiesta que las violaciones a los derechos humanos han aumentado, mientras que este número en su peor momento fue de 50% con el ex presidente Calderón y de 40% con Vicente Fox. Peor aún, el 56% de las personas opina que la Comisión Nacional de Derechos Humanos defiende más los derechos de los delincuentes que los de cualquier persona.
La encuesta de Amnistía Internacional levantada en 21 países entre 2013 y 2014 presenta un panorama alarmante de nuestro país. México es el segundo país más alto, después de Brasil, en donde las personas piensan que de ser detenidos por las autoridades no estarían a salvo de la tortura – 65% en México y 80% en Brasil. Sin embargo, en esta encuesta únicamente el 27% de la población apoya la existencia de leyes internacionales contra la tortura, mientras que 63% no tiene una postura clara sobre el tema.
Por otro lado, a pesar de que el Ejército es una de las instituciones mejor evaluadas en el país, la confianza en la institución se ha venido deteriorando paulatinamente. En las encuestas de Presidencia de la República de Mayo de 2007 el 85% de la población decía confiar en el Ejército. En contraste, las encuestas más recientes registran una confianza menor del 60%: 56% en la encuesta de Reforma de diciembre de 2014 que exhibe una caída de 13 puntos con respecto a su seguimiento de abril de 2013; y la encuesta de GCE del presente año que registra un 59% de confianza en el Ejército.
Aunque una buena parte de esta caída se explica por el desgaste natural de tener a las fuerzas armadas en las calles realizando labores policiales, otra parte también se debe precisamente a episodios de uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos humanos que han sido cometidos por militares. Como señala el General Cienfuegos en entrevista el 29 de Junio,[1] el principal costo es en el prestigio de la institución. Los soldados se enfrentan a una cruel disyuntiva entre ser procesados por desobedecer a sus superiores, por un lado, o ser procesados por violar derechos humanos, por el otro. El conflicto se resume, en palabras del General, de la siguiente manera: “No podemos ser violadores de derechos humanos y al mismo tiempo los más confiables.”
Por otro lado, un segmento muy importante de la población aprobaría un mayor uso de la fuerza con el fin de garantizar el orden. Poco más de la mitad de la población, al enfrentarse a la disyuntiva entre proteger los derechos humanos o combatir eficazmente al crimen, se inclina por la segunda. Una encuesta elaborada por Presidencia de la República en conjunto con Stanford University en Julio de 2011 demuestra que el 68% de las personas estarían a favor de aplicar la pena de muerte a secuestradores y a líderes del crimen organizado. En un extremo mayor, el 37% de los ciudadanos indican estar a favor de castigar con pena de muerte a los que roban autos.
En este mismo sentido, la encuesta nacional de mayo de 2012 de Parametría señala que el 62% de la población considera que no deben respetarse los derechos humanos de los narcotraficantes. La encuesta nacional de Varela y Asociados levantada en enero de este año mide las disposiciones hacia la tortura. Los resultados que arroja nos indican que el 34% de la población aprueba que la policía torture a alguien para conseguir información sobre un grupo del crimen organizado muy peligroso, el 31% no lo aprueba pero lo entiende, y solamente el 32% de la ciudadanía no aprueba la tortura. Es decir el 65% aprueba la tortura por un fin mayor, o al menos la justifica.
La disyuntiva entre proteger los derechos humanos o garantizar el orden no tiene una solución pronta ni clara. Por un lado, la mayoría de la población podría estar a favor de medidas más extremas con tal de sentirse más seguros y de ver una reducción en la criminalidad y la violencia que hasta ahora no han sido controladas. Por otro lado, el desgaste en la imagen del Ejército representa un riesgo claro para efectos de su relación con la ciudadanía. Finalmente, es deseable mejorar el respeto a los derechos humanos en el país. La forma en que se maneje y se resuelva el caso Tlatlaya constituirá un referente muy importante todas estas dimensiones.
[1] https://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/exige-general-cienfuegos-justicia-en-caso-tlatlaya-1110642.html
