Consejo de Salubridad debe dictar medidas sanitarias para migrantes
Un juez federal ordenó al Consejo de Salubridad General dictar medidas sanitarias de prevención, contención y atención ante la Covid-19 a migrantes
El Consejo de Salubridad General deberá dictar medidas sanitarias de prevención, contención y atención ante la Covid-19, en beneficio de personas migrantes, determinó un juez federal.
Fue luego de que organizaciones interpusieran un amparo en contra de distintas autoridades por ser omisas al no emitir medidas preventivas en beneficio de las personas migrantes, para efecto de resguardar su salud ante la epidemia de Covid-19 en Chihuahua.
A través de un comunicado, organizaciones como Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción y el Instituto para las Mujeres en la Migración, indicaron que la demanda abarca a otras dependencias como el Instituto Nacional de Migración y la Secretaria de Relaciones Exteriores, entre otras.
Detallaron que fue el juez Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua quien otorgó el amparo, reconociendo el derecho que tienen la población migrante.
El amparo, dicen, determina que las organizaciones civiles que promovieron el amparo tienen un interés legítimo para presentar la demanda.
Además, refiere que tanto el Consejo de Salubridad General – máximo órgano en materia sanitaria a nivel federal – como la Secretaría de Salud, debieron emitir medidas para salvaguardar la salud de personas que se encuentran en territorio nacional.
Igualmente, desestimó que las medidas de protección para migrantes se encontrarán dentro de las dictadas para toda la población.
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“El juzgado estimó que esa aseveración es contraria a estándares internacionales, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad debe ser titular de una protección especial”, indica.
Con este amparo, además de dictar medidas sanitarias para migrantes, el juez ordena que estas acciones sean implementadas por autoridades señaladas como responsables. Es decir, las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y el INM.
Aunado a ello, deberán efectuar acciones administrativas y legales para elaborar un protocolo que facilite la reunificación familiar en Estados Unidos de menores no acompañados. CJG
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