El Congreso de Yucatán dio la espalda a la reforma que permite a las Fuerzas Armadas seguir en labores de seguridad pública hasta 2028, convirtiéndose en el segundo estado en votar en contra.
Con 16 votos a favor y nueve en contra, los legisladores panistas y sus aliados siguieron los pasos de los diputados locales de Guanajuato quienes el pasado 3 de noviembre se negaron a aprobar dicha reforma.
De poco sirvieron los intentos del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para convencer a los legisladores que la aprobación de la reforma no representaba la militarización del país.
López Hernández afirmó ante el Congreso de Yucatán que la intención es crear unas Fuerzas Armadas que contribuyan a recuperar la seguridad de los mexicanos y añadió que para lograrlo se consideran los fondos congelados al crimen organizado para destinarlos a la formación y capacitación de militares.
En respuesta a los argumentos del titular de Gobernación, la diputada por Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera, le respondió: “Es correcto, el país no se está militarizando, el país ya está militarizado”.
Previo a la votación, Gómez Herrera le recordó a López Hernández que la reforma aprobada en 2019 para mantener al Ejército en las calles, tenía como intención la consolidación de la Guardia Nacional; “hoy esa corporación ya está integrada, constituida y distribuida en el país, con más de 118 mil elementos. No se trata solamente de oponerse, este tema tiene que ver con la vida de millones de personas”.
Gobiernos panistas se oponen a la reforma militar
Guanajuato, estado gobernado por el panista Diego Sinhue, se convirtió en la primera entidad en votar en contra de la reforma a las Fuerzas Armadas; aunque la iniciativa ya se aprobó en 24 de los 17 congresos necesarios para su ratificación.
En un tercer estado, Chihuahua, gobernado por la panista María Eugenia Campos, los legisladores rompieron la sesión del Congreso e impidieron que se emitiera la votación.
Más tarde, el coordinador de la bancada del PAN, Mario Vázquez Robles, afirmó que al haberse remitido la reforma para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya no tenía sentido votar el dictamen, por lo que solicitó a la Comisión de Gobernación de Chihuahua, dar por concluido el asunto.
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