Congreso de Perú avala acusación por corrupción contra Castillo
(FILES) In this file photo taken on June 10, 2021 Peru’s left-wing presidential candidate Pedro Castillo of the Peru Libre party, gestures to his supporters from the balcony of his party headquarters in Lima. - Peru’s Congress on December 7, 2022 voted to impeach President Pedro Castillo, ignoring his decision to dissolve the legislature just hours earlier. (Photo by Gian MASKO / AFP)
/GIAN MASKO/AFP
El congreso peruano presume que Pedro Castillo es responsable de una red de corrupción integrada por familiares y exfuncionarios
El Congreso peruano aprobó este viernes acusar al expresidente Pedro Castillo y dos de sus ministros por presunta corrupción y lavado de activos, lo que habilita a la Fiscalía a actuar penalmente contra el exmandatario.
“Ha sido aprobada la resolución legislativa del Congreso por la que se acusa al señor Pedro Castillo, en su condición de expresidente de la República”, afirmó el jefe del Legislativo, José Williams, luego de la votación que aprobó la propuesta con 59 congresistas a favor, 23 en contra y tres abstenciones.
El documento “declara a lugar la formación de causa penal” contra Castillo por ser “el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada, trafico de influencias y colusión”.
La tesis de la fiscalía es que el exmandatario dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
Los exministros de Transporte, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, también fueron señalados por la votación del Congreso.
Desestimado por el Parlamento
Durante el debate las bancadas de izquierda defendieron el papel de Castillo, alegando que se le acusaba en un proceso sin evidencias.
El propio Castillo, invitado a comparecer por videoconferencia ante el pleno del Congreso para ejercer su derecho a la defensa, solicitó que su presentación fuese en persona, lo que fue desestimado por el Parlamento.
El exmandatario se encuentra detenido en una cárcel de Lima desde el 7 de diciembre, acusado de rebelión, luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. Tras ello el Legislativo lo destituyó y designó a Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, como mandataria.
La salida del poder de Castillo desató una ola de protestas que han dejado al menos 48 muertos por la represión policial. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y nuevas elecciones generales. RM
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