La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos dio luz verde a un proyecto de ley que permite a los gobiernos estatales desplegar sus fuerzas policiacas con el fin de detener a migrantes, así como para construir barreras físicas en la frontera para contener los flujos ilegales de personas.
Titulado Ley de Defensa de las Fronteras Estatales, el proyecto de ordenamiento señala que “no constituirá una violación de la ley federal para los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas construir barreras en tierras o aguas federales con el fin de prevenir la entrada ilegal a los Estados Unidos”.
Aprobada el pasado 26 de octubre, el proyecto —que fue turnado al Comité del Poder Judicial— establece que las acciones serán legales si “las barreras no disminuyen la capacidad de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos para patrullar la frontera entre los Estados Unidos y México, interceptar a inmigrantes ilegales o deportarlos”.
La nueva ley se promulga mes y medio después de que un juez federal ordenara al gobernador de Texas, Greg Abbott, retirar el dispositivo flotante colocado en el Río Bravo, cerca de la ciudad de Eagle Pass, toda vez que ponía en riesgo la vida de los indocumentados.
El llamado “muro flotante” estaba compuesto por boyas de un metro de diámetro, revestidas con alambres de púas. Al menos dos migrantes fueron hallados muertos debido a las heridas que les causaron las púas, por lo que organizaciones de derechos humanos se movilizaron para que la justicia ordenara al gobierno texano retirar los artefactos.
Los estados pueden autorizar a los agentes del orden estatales y locales a hacer cumplir las disposiciones de la ley federal de inmigración que prohíben la entrada ilegal a los Estados Unidos, incluidas las secciones 271 a 280 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 USC 1321 a 1330)”, estipula el nuevo ordenamiento.
Sobre el papel de los aparatos de justicia locales, la Ley de Defensa de las Fronteras Estatales advierte que “los fiscales estatales están autorizados a iniciar procesos por violaciones de la ley federal de inmigración mencionada en la subsección (a) en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos que tenga jurisdicción sobre el lugar en el que ocurrió dicha violación, o el lugar en el que se detiene a la persona acusada de dicha violación”.
Apenas el pasado 25 de octubre, un grupo de más de 50 migrantes entró por la fuerza desde México a Estados Unidos tras derribar a elementos de la Guardia Nacional estadounidense y la alambrada de púas que colocó el gobierno de Texas en el río Bravo, en una nueva muestra de la desesperación que viven en el límite entre ambos países.
Los hechos tuvieron lugar en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Brownsville, donde migrantes del Caribe, Centro y Suramérica se han concentrado en los últimos meses en medio del flujo migratorio récord de la región.
La nueva ley fue impulsada por los representantes republicanos Eric Burlison (Misuri), Andy Biggs (Arizona), Troy Nehls (Texas), Randy Weber (Texas) y Matt Rosendale (Montana).
Contingente. Cientos de migrantes participan en una caravana que pretende llegar a la frontera de México con Estados Unidos; el arranque fue en la ciudad chiapaneca de Tapachula.
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