El gobierno de México, actualmente encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido establecer una nueva estrategia de seguridad que combata las capacidades operativas de los principales cárteles y evite su capacidad de regenerarse y fortalecerse pese a la captura de sus principales cabecillas.
Por esa razón, advierte el informe titulado: “México crimen organizado y organizaciones del tráfico de drogas”, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, es que “muchos funcionarios y formuladores de políticas tienen profundas preocupaciones sobre la capacidad del gobierno mexicano para disminuir la violencia en México y frenar el poder de los grupos criminales”.
El análisis, con fecha de actualización del pasado 20 de diciembre, señala que varios analistas de las condiciones de inseguridad y violencia en territorio mexicano han señalado que el mantener la estrategia de descabezamiento de los principales capos no ha implicado una reducción de la violencia de manera sostenida.
En contraparte, los especialistas han optado por respaldar una estrategia que vaya enfocada a combatir la capacidad operativa de cada una de las estructuras criminales consideradas claves, para así perjudicar directamente las posibilidades de cada organización por regenerarse tras la detención de alguno de sus líderes.
Desde la perspectiva del informe del Congreso estadounidense, el gobierno del presidente López Obrador continúa enfrentando desafíos a causa de la corrupción relacionada entre las organizaciones del narcotráfico (cárteles) con funcionarios públicos, políticos y miembros de las fuerzas policiales del país.
En ese sentido, el informe recopila los casos recientes de gobernadores, políticos y exsecretarios de Estado, se han visto envuelto en acusaciones e investigaciones por corrupción y su vinculación con organizaciones criminales trasnacionales; como es el caso de los exgobernadores Roberto Borge, de Quintana Roo; Tomás Yarrington, quien gobernó en Tamaulipas; y los exmandatarios de Veracruz y Chihuahua, Javier y César Duarte.
Así como la detención más reciente de quien fuera el encargado de la seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, señalado por nexos con el cártel de Sinaloa.
“La fragmentación de las grandes organizaciones criminales ha llevado a un aumento violencia (…) En los últimos meses de 2019, casi todas las investigaciones de incidentes flagrantes de violencia que involucran a los cárteles en Culiacán, Sinaloa, en la región de Tierra Caliente, y en Coahuila y Sonora fueron el resultado de fragmentos de cárteles anteriormente cohesivos que realizaban acciones agresivas”, advierte el documento preparado para miembros y Comités del Congreso.
Según algunos analistas, referidos en el reporte, los desafíos que el actual presidente de México tiene por delante para mejorar la seguridad en el país, implican “la ausencia de inteligencia estratégica y táctica acertada a un mercado criminal cada vez más fragmentado, multipolar y opaco”; y una “corrupción endémica de los sistemas judiciales y policiales de México”.
Hidra de nueve cabezas
El mapa criminal en México inició una fragmentación de sus principales cárteles en 2010, al año siguiente esa evolución se aceleró y conforme el paso de los años, las pugnas internas, la desestabilización de los principales grupos, la proliferación de pequeñas células y pandillas y la diversificación en el mercado de las drogas han terminado por redefinir el “campo de batalla” en el que se ha convertido el territorio nacional.
Actualmente, derivado de la reconfiguración de las principales organizaciones criminales transnacionales, que han diversificado sus negocios a la producción y tráfico de heroína, cocaína metanfetamina, marihuana, y opioides sintéticos como el fentanilo, hay nueve principales cárteles que siguen disputándose el territorio para ampliar y mantener sus operaciones.
Con base en el análisis de la agencia Stratfor y la DEA, estas nueve organizaciones persistentes son: el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, como los dos principales grupos antagónicos que más índices de violencia generan; y remanentes o subgrupos derivados de la organización de los Beltrán Leyva; los cárteles de Tijuana, el de Juárez; Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Los Zetas, y del Cártel del Golfo.
De acuerdo con el último informe anual sobre la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas que realiza la agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), citado en el informe del Servicio de Investigación, “las organizaciones mexicanas de narcotráfico representan la mayor amenaza criminal para los Estados Unidos y tienen la mayor influencia del narcotráfico”.
Estas organizaciones, señala el reporte, tienen presencia en todo el hemisferio occidental y a nivel mundial, y están involucrados en operaciones millonarias de lavado de dinero, sobornos, tráfico de armas, corrupción, y provocan la alta tasas de homicidios que se registra en México, pues según los informes de inteligencia y seguridad, “un efecto directo de esta fragmentación ha sido el aumento de los niveles de violencia”.
Hoy en día, indica el Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, los principales cárteles son “polidrogas”, lo cual implica el manejo de cualquier tipo de narcótico, aunque suelen especializarse en producir ciertas drogas; “México es un importante país de origen y tránsito de heroína, marihuana y drogas sintéticas como es la metanfetamina y, en menor grado, el fentanilo destinado a los Estados Unidos”, advierte el informe.
